LORCA: Indignación por el uso que se le dará al antiguo convento carmelita

El viceportavoz de IU-Verdes, Pedro Sosa, ha expresado el rechazo de su formación a que los incumplimientos de la promotora vayan a resolverse a costa del erario público, y que además sirva para impulsar un negocio particular relacionado con la educación privada

13.07.16.- El viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes en el ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, ha denunciado hoy la intención del Partido Popular de “premiar” con 600.000 euros de fondos públicos a los promotores de un convenio urbanístico que incumplieron sus obligaciones con el consistorio. Con esta subvención los propietarios del antiguo convento carmelita de San Indalecio, anexo a la iglesia del Carmen, habilitarán un centro privado de Formación Profesional y de estudios universitarios. En ese sentido, Sosa ha mostrado su sorpresa porque el equipo de Gobierno del PP se lamente reiteradamente porque el Ayuntamiento tenga que devolver el dinero que los promotores de varios convenios urbanísticos aprobados en 2005 reclaman después de que el Ejecutivo autonómico de su partido no cumpliese con la tramitación administrativa en plazo, y que, sin embargo, «no sólo no exija responsabilidades  a los promotores del convenio del Carmen por el perjuicio ocasionado a los intereses del municipio sino que, además, vayan a regalarles cien millones de las antiguas pesetas del dinero de todos los lorquinos para potenciar un negocio privado».

El concejal de IU-Verdes, recordó que su formación ya denunció en 2012 las condiciones del convenio de rehabilitación y conservación del entorno de este antiguo convento, por el que los promotores podían edificar 34 nuevas viviendas y se comprometían a la urbanización de la plaza aledaña y a la cesión de una parte del claustro totalmente rehabilitado al Ayuntamiento. Lo hizo tras las lluvias torrenciales de 2012, que ocasionaron el derrumbe de parte del edificio, en lamentables condiciones de conservación antes de las riadas y de los terremotos de 2011. En aquel momento, el entonces concejal de Urbanismo, José Joaquín Peñarrubia (PP), se comprometió a ejecutar los avales presentados por la empresa para completar las obras de urbanización de la parte propiedad del consistorio. Peñarrubia aseguró que los promotores eran los únicos responsables de los daños en esta parte del claustro y que los técnicos municipales habían emitido informes contrarios a la recepción de las obras por encontrarlas «incompletas, deficientes y no ajustadas al proyecto aprobado por el Ayuntamiento». Por ello, en 2012, ni se habían  otorgado las cédulas de habitabilidad ni se habían recibido las obras de urbanización, según el edil del PP.

Sosa, quien ha mostrado fotografías del estado actual de edificio y su entorno y ha podido constatar que los promotores siguen sin cumplir sus compromisos, ha exigido al equipo de Gobierno del PP que aclare si finalmente fueron concedidas las cédulas de habitabilidad y cuándo, si el Ayuntamiento recibió las obras sin que se cumplieran las condiciones del convenio, especialmente la urbanización de la plaza y la rehabilitación de la parte del claustro cedida al consistorio, y si éste es , finalmente, el titular de esta parte de la edificación. También ha reclamado al alcalde del PP, Francisco Jódar, que explique cómo piensa abordar el cumplimiento del convenio  doce años después de su aprobación y si la administración local está en disposición de ejecutar los avales presentados por la empresa para completar dichas obras. Al respecto, Sosa ha declarado que «en IU-Verdes nos oponemos tajantemente a que los incumplimientos de la promotora vayan a resolverse a costa del erario público y que, para más burla, seamos los ciudadanos quienes sufraguemos un negocio privado que no va a incorporar un nuevo recurso turístico al patrimonio histórico y cultural de la ciudad ni a cumplir con ninguna utilidad pública».

Por otra parte, Pedro Sosa ha criticado la pasividad de las administraciones públicas a la hora de exigir a los propietarios de bienes catalogados y protegidos sus obligaciones de conservación. «Si este antiguo convento es un Bien de Interés Cultural, ¿Por qué nunca se les ha exigido a los propietarios la ejecución forzosa de obras de rehabilitación y conservación, ni se les ha sancionado por el incumplimiento de las obligaciones que reflejan la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley del Patrimonio Histórico Español?» En ese sentido, ha lamentado que Ayuntamiento y Comunidad Autónoma no sólo no exijan la conservación de estos bienes sino que, además, premien la dejación e irresponsabilidad de sus propietarios con jugosas subvenciones que tienen como fin la rehabilitación de espacios para su exclusivo uso y disfrute.