Detenidos en Córdoba por obligar a su hija a contraer matrimonio por el rito gitano

La víctima, hija biológica de la mujer arrestada junto con su actual pareja, ya había sido obligada a casarse otras dos veces en Rumanía, la primera con tan solo 12 años

La actuación de la Policía impidió que fuera forzada a contraer un nuevo matrimonio al tiempo que ha hecho posible que tanto ella como su hijo reciban las medidas asistenciales y de protección necesarias

Los enlaces celebrados bajo esta modalidad conllevan generalmente un acuerdo económico en el que el pretendiente paga una importante dote a los padres de la novia, lo que supone una fuente de ingresos para estos

25-marzo-2017.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a una pareja que pretendía obligar a su hija de 16 años a contraer matrimonio por el rito gitano. La víctima ya había sido obligada a casarse otras dos veces con anterioridad en Rumanía, su país de origen, la primera con tan solo 12 años. Cuando era repudiada por su marido regresaba al domicilio familiar y, entonces, su madre y su padrastro concertaban un nuevo enlace bajo la misma modalidad, obteniendo a cambio otra dote que les proporcionaba nuevos ingresos. La actuación de la Policía impidió que fuera forzada a contraer un nuevo matrimonio al tiempo que ha hecho posible que tanto ella como su hijo reciban las medidas asistenciales y de protección necesarias.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos a través de la propia víctima, que había viajado desde Rumanía en compañía de sus padres hasta Córdoba. En la ciudad andaluza, según manifestó la menor, iba a ser obligada por tercera vez a contraer matrimonio. Durante su estancia en dicha ciudad, había contactado a través de redes sociales con otros jóvenes de su misma nacionalidad que, tras conocer su situación, la habían animado a huir de sus padres y a poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Obligada a casarse por primera vez a los 12 años

Una vez en dependencias policiales, la víctima contó a los agentes que ya había sido obligada por sus padres a contraer matrimonio en otras dos ocasiones en su país de origen. La primera vez, cuando contaba con 12 años, la obligaron a casarse con un hombre de 21 al que no conoció hasta el mismo día del enlace. El matrimonio se celebró por el conocido rito gitano y duró unos meses hasta que la niña fue repudiada por su marido y tuvo que regresar al domicilio familiar.

Posteriormente, sus padres concertaron un nuevo matrimonio y la joven fue obligada a contraer nuevas nupcias con otro joven por el mismo rito, lo que de nuevo generó ingresos para la familia. Cuatro meses después del enlace, y a pesar de estar embarazada, fue nuevamente repudiada y regresó a la vivienda familiar.

Tras dar a luz sus padres concertaron un tercer matrimonio

Una vez que la menor dio a luz, sus padres viajaron con ella y con su bebé a España y se instalaron en la ciudad de Córdoba, donde estaban negociando la celebración de un tercer casamiento para la joven. Fue entonces cuando la joven contactó con otros adolescentes de su misma nacionalidad a través de diferentes redes sociales, los cuales la animaron a huir de sus padres y a poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Conocida la situación de la joven y de su hijo, la rápida intervención de la Policía Nacional permitió la localización y detención de sus progenitores, lo que impidió que la misma fuera forzada a contraer matrimonio por tercera vez. La víctima y su hijo han recibido todas las medidas asistenciales y de protección que la legislación prevé para estos casos.

Tanto a la madre como al padrastro se les imputan delitos de trata de seres humanos para la celebración de matrimonio forzado, en este caso de una menor, y malos tratos en el ámbito familiar.

«Con la trata no hay trato: denúncialo»

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo [email protected] para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.