El decreto para la exhumación de Franco vetará el traslado a La Almudena

El Gobierno ya tiene ‘in mente’ un cauce legal a seguir para evitar que los restos de Francisco Franco vayan a parar a la Catedral de La Almudena una vez que sean exhumados en el Valle de los Caídos.

Si finalmente no se llega a un acuerdo con la familia del dictador, el Ejecutivo contempla la opción de aprovechar el decreto de reforma de la Ley de Memoria Histórica que permite la exhumación de los restos, aprobado el pasado mes de septiembre en el Congreso, para incluir un apartado adicional con las condiciones básicas para la ‘reinhumación’.

El objetivo es que no se permita su ubicación en algún lugar donde pueda alterar el orden público o perjudicar el desarrollo normal de la actividad que allí se desarrolle, ya sean de culto católico o de otro tipo.

Según han señalado fuentes de Moncloa, las directrices para ordenar todo este proceso las está llevando Vicepresidencia del Gobierno, junto con el Ministerio de Justicia y la abogacía del Estado, con la premisa de que lo más aconsejable para todas las partes sería llegar a un acuerdo con la familia, dado que lo primero es respetar sus derechos, pero con la condición de que no vaya a un lugar de culto y turístico en el centro de la capital, sino a un sitio más discreto, donde se pueda evitar que se realicen actos masivos de exaltación de la dictadura que pongan en peligro la normalidad y la seguridad ciudadana.

Una de las claves jurídicas que la abogacía del Estado está manejando para argumentar el entramado legal es la utilización cotidiana que se hace de La Almudena como parroquia del centro de Madrid, donde se realizan misas, oficios y visitas turísticas de forma regular. A su entender, la cripta está demasiado cerca de los puntos en los que se desarrollan todas esas actividades, y es seguro que la ubicación allí de la tumba del dictador y el efecto llamada que supondría para todo tipo de personas puede alterarde forma significativa la situación.

La inclusión de esas pautas legales para la reinhumación en el decreto que ahora se está desarrollando para sacar los restos del Valle de los Caídos supone crear una legislación civil al respecto, de obligado cumplimiento para la Iglesia y sus representantes, por delante de lo que les marca el Código Canónico. Pero de la misma manera que esa prevalencia de la normativa civil impide actuar a las instituciones eclesiásticas, permite recurrir y litigar ante los tribunales a la familia de Franco para intentar revocar el decreto, aunque eso supondría entrar en un proceso legal a medio y largo plazo, durante el cual habrá que encontrar un realojo que cumpla con la norma para los restos. Para el Gobierno, la exhumación es una prioridad y piensa tenerla lista antes de que finalice el año, y un hipotético proceso civil se extendería más en el tiempo.

La Ley de Memoria Histórica y el Ducado de Franco

Toda la batalla jurídica y mediática que se puede formar en torno al Real Decreto de exhumación de la tumba de Franco se va a realizar de forma paralela al debate y, en su caso, aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Histórica, tras la proposición hecha por el Grupo Socialista. La norma está en proceso de enmiendas, si bien las peticiones de ampliación del plazo para poder presentar más por parte de la oposición del PP, amenazan con alargar el proceso más de lo que el Ejecutivo y los socialistas desean, según explican fuentes parlamentarias.

Precisamente y en base a esa nueva normativa que se prepara sobre memoria histórica, este mismo martes se ha publicado una respuesta parlamentaria del Gobierno a la diputada de Compromís-Podemos, Marta Solí, donde se confirma la intención del Ministerio de Justicia de reformar la normativa actual sobre títulos nobiliarios, de forma que se puedan revocar y suspender si se considera necesario.

La propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció su intención de proceder a esa revisión el pasado 4 de julio, el mismo día que se publicaba en el Boletín Oficial de Estado la concesión por herencia del Ducado de Franco a la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú. En la respuesta parlamentaria no se concreta que la revisión de los títulos se vaya a realizar contra alguien en concreto, pero se advierte que la Dirección General de Memoria Histórica, recién creada en el Ministerio, “está estudiando en estos momentos la posibilidad de acometer la mencionada reforma de la legislación nobiliaria”, dado que el régimen de revocación no se contempla en la normativa vigente y se pretende que los títulos nobiliarios puedan suspenderse.