El presidente de Murcia empieza a recular: el pin es ajeno a Vox y no necesita un decreto

Vuelta de tuerca en la polémica del pin parental. El presidente de Murcia (la única comunidad en la que se aplica), Fernando López Miras, aseguró en la mañana de este martes en una entrevista con la ‘Cadena Ser’ que la aplicación del pin parental no tiene no tiene nada que ver con Vox, insistiendo en que se trata de una propuesta del PP «que siempre ha defendido la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos».

López Miras ha negado de forma sorprendente que el pin parental que su Gobierno autonómico lleva aplicando paulatinamente desde el comienzo del curso escolar, cuando la consejería de Educación envió una instrucción a los centros públicos, esté relacionado con la exigencia del partido de Abascal (artífice, por cierto, del nombre «pin parental») y que exige su puesta en marcha en todas las comunidades autónomas en las que la mayoría de PP y Cs los necesita.

A pesar de que la instrucción educativa es del pasado 29 de agosto, este diario ha podido comprobar que hay centros que todavía no están implementando la medida por los recursos que sí interpusieron los sindicatos como ANPE. Con todo, los populares empiezan a recular con respecto a las palabras de Pablo Casado de hace días, intentando desvincular la decisión de Vox, que ha logrado acaparar toda la atención en la primera batalla política y cultural con el Gobierno central. El punto más importante es el hecho de que López Miras niegue ahora que el pin «tenga enjundia jurídica suficiente» como para hacer un decreto-ley, justo la exigencia final que proponía Vox y a la que Ciudadanos, que gobierna en coalición con el PP, se negaba por completo.

El presidente murciano se fue sacudiendo poco las preguntas que insistían en la motivación que ha llevado a su Gobierno a implementar esta medida, teniendo en cuenta que los populares gobiernan la Región desde hace 20 años. López Miras se distanció de los ejecutivos anteriores, «mire, yo tengo 36 años, le puedo hablar de lo que hago yo» continuó, para asegurar que el pin está destinado a que las familias «se involucren más» en las actividades de los hijos y tengan «más libertad para decidir». Puso el ejemplo de las «cuatro semanas santas» que celebra Murcia, al tener una extensa trádición: «Los padres deberían decidir si sus hijos reciben, por ejemplo, una charla al respecto».

Insistió una y otra vez que «avanzar en que las familias tomen más decisiones sobre la educación de sus hijos» (en realidad cada centro educativo ya apruba con el inicio del curso un proyecto educativo que cuenta con el visto bueno del consejo escolar en el que están representadas las familias y que también anuncia las actividades complementarias dentro del currículo) estaba recogido en su programa electoral, descartando que fuera la exigencia de Vox (que tras el acuerdo presupuestario se felicitó por haber logrado avances en el pin parental) lo que provocara su puesta en marcha.

Una cosa cierta que dijo el presidente murciano es que el Ministerio de Educación y partidos como PSOE y Unidas Podemos no alzaron la voz el pasado 29 de agosto, cuando la consejería de educación murciana envió la instrucción a todos los colegios de pedir una autorización expresa a los padres cada vez que sus hijos fueran a asistir a una charla o un taller de la mano de una persona ajena al claustro de docentes.

«Nadie dijo nada, por eso no entiendo el revuelo actual. Es una cortina de humo generada por el Gobierno para tapar el pin judicial de Pedro Sánchez», zanjó en clara alusión a toda la polémica judicial desatada con el nuevo Ejecutivo que, entre otras cosas, ha propuesto a al exministra Dolores Delgado como fiscal general.

Las palabras descafeinadas de López Miras coinciden también con el requerimiento enviado desde el ministerio que dirige Isabel Celaá, que insta a la administración murciana a terminar con el pin parental en el plazo de un mes. No va tan lejos, en todo caso, como Victoria Rosell (hoy delegada del Gobierno en asuntos de Violencia de Género), que llegó a pedir la aplicación inmediata del artículo 155.