Murcia registra 19,8 víctimas de violencia de género por cada 100.000 mujeres, la segunda más alta del país

La Región de Murcia ha registrado en el primer trimestre del año una tasa de 19,8 víctimas de violencia de género por cada 100.000 mujeres , la segunda más alta del país solo inferior a la de las Islas Baleares (20,3) y superior a la media nacional (14,4), según la estadística que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El aumento de un 4,3 % del número de víctimas registrado en los juzgados con competencias en Violencia sobre la Mujer es uno de los datos que refleja la estadística que corresponde a un trimestre atípico, el primero de 2020, marcado por la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo.

Todo ello ha repercutido en la actividad de los juzgados los últimos 18 días del trimestre analizado. Aunque, la violencia de género no quedó afectada por la suspensión de los plazos procesales ni paralizada en ningún momento. La tasa de víctimas de la violencia de género en toda España fue de 14,4 por cada 10.000 mujeres, mientras que hace un año fue de 16,11.

Por comunidades autónomas, la tasa más alta es la de las Islas Baleares, con 20,3 víctimas por cada 10.000 mujeres. También por encima de la media nacional se sitúan Murcia (19,8), Canarias (18,5), Andalucía (15,9), Madrid (15,5) y Cantabria (15,2). Los territorios con una ratio más baja han sido Aragón (8,9), Galicia (9,8) y Extremadura y Castilla y León, ambas con 9,9, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Los juzgados de violencia sobre la mujer registraron en el primer trimestre de 2020 un total de 1.499 denuncias, cifra similar al mismo trimestre de 2019, en el que las denuncias sumaron 1.491. Así, 972 fueron presentadas por la víctima en comisaría (un 64,8%), 48 por familiares de la víctima y se registraron 123 atestados por intervención policial directa.

EL 4% DE LAS VÍCTIMAS SE ACOGIÓ A LA DISPENSA

Las mujeres víctimas de la violencia machista que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar fueron 60 (4% del total), un 26,8% menos que en el mismo periodo del año anterior en el que fueron 82.

Al igual que ocurre con el número de denuncias presentadas, el número de órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y ante los juzgados de guardia apenas experimentó cambios respecto al mismo periodo del año anterior (la variación interanual no alcanza el 1%).

Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 261 órdenes de protección, de las 301 que les fueron solicitadas. Sin embargo, se ha apreciado una disminución del 2,4 % en las que fueron denegadas por los órganos judiciales.

JUZGADOS DE LO PENAL

Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, recibieron en el trimestre 135 asuntos (un 25,8% menos que en el mismo periodo de 2019) y enjuiciaron a 142 hombres, de entre los cuales el 64,8% resultó condenado.

Las audiencias provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas de prisión superiores a cinco años, dictaron 2 sentencias, ambas condenatorias.

Finalmente, los juzgados de menores enjuiciaron entre enero y marzo de este año a 8 menores de edad por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer, 7 eran españoles y 1 de otra nacionalidad. Se impusieron medidas (equiparable a una sentencia condenatoria) en todos los casos.

VALORACIONES DE LA PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO, ÁNGELES CARMONA

Los datos estadísticos de este primer trimestre de 2020 empiezan ya a reflejar las consecuencias de la declaración del estado de alarma decretado en nuestro país. El descenso de las denuncias interpuestas por violencia de género demuestra la dramática situación que muchas mujeres han tenido que vivir como consecuencia del encierro causado por la crisis sanitaria del COVID-19.

Un encierro junto a su maltratador en un lugar –el domicilio– donde se producen habitualmente los hechos delictivos; un escenario del miedo donde se consuman tres de cada cuatro asesinatos y que la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo ha descrito en recientes sentencias. El confinamiento impuesto ha podido ser la causa que ha hecho aún más difícil para las víctimas poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

El descenso de las solicitudes de órdenes de protección y demás medidas cautelares se corresponde lógicamente con la disminución de denuncias interpuestas; y el menor número de sentencias dictadas en esta materia encuentra su explicación en la suspensión de los plazos procesales, aun cuando la actividad jurisdiccional en esta materia fue declarada actividad esencial por el CGPJ. La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, asegura que, con todo, «hay datos que permiten acreditar que el sistema institucional

funciona y es cada vez más eficaz: el porcentaje de órdenes de protección acordadas por los órganos judicial sube en relación al mismo trimestre del año anterior y el número de sentencias condenatorias es sensiblemente superior».

«Ello nos lleva a afirmar que la valoración del riesgo de las víctimas y la acreditación de los hechos en fase instructora y en el juicio oral va perfeccionándose y, en consecuencia, la víctima está mejor protegida. Las instituciones mantienen intactos sus esfuerzos para que estos delitos tan execrables no queden impunes», ha indicado.

Las víctimas de la violencia de género siguen siendo un colectivo que guarda silencio en demasiadas ocasiones, si bien en este trimestre hemos visto un nuevo descenso en el porcentaje que se ha acogido a su derecho a no declarar.

«Este dato permite vislumbrar esperanzas en que la confianza en las instituciones sea cada vez mayor», ha añadido. «Desde el Observatorio hemos insistido en la necesidad de implicación de toda la ciudadanía en la lucha contra la violencia de género», destaca Carmona, quien cree que, precisamente en los momentos de confinamiento, la actuación del entorno de la víctima «deviene esencial para evitar el sufrimiento que suponen los malos tratos para la mujer y para sus hijos e hijas».