Intervienen en Altea y Villajoyosa (Alicante) más de 300 kilos de pescado extraído de forma ilegal

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante han intervenido un total de 330 kilogramos de pescado procedentes de pesca ilegal en los puertos pesqueros de Altea y Villajoyosa. Los presuntos infractores se enfrentan a sanciones de hasta 60.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de septiembre cuando, en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), los agentes incautaron 180 kilogramos de pescadilla inmadura en Altea cuando unas personas se disponían a venderlos, ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Se trataba de ejemplares especialmente pequeños, lo que supone un peligro «muy significativo» para la especie, ha destacado la Guardia Civil. Además, las partidas intervenidas carecían de trazabilidad al no haber sido comercializados a través de la lonja, lo que implica que no habían pasado los correspondientes controles sanitarios.

Tanto la captura como la comercialización de ejemplares inmaduros está prohibida. La pesca ilegal de este espécimen, según ha indicado el Instituto Armado, «responde a la alta demanda que existe entre los clientes del sector hostelero».

PESCA DE ATÚN ROJO

En segundo lugar, en Villajoyosa fueron intervenidos tres atunes rojos que arrojaban un peso de 150 kilogramos. La mercancía fue localizada por los agentes en una actuación por la noche, en el interior de una embarcación. Los pescadores trataban de vender la mercancía a un comerciante mayorista.

La pesca del atún rojo, que es una especie protegida internacionalmente, requiere que la embarcación posea autorización a este efecto, recuerda la Guardia Civil. Además, en el caso de tener la pertinente autorización, debe disponer aún de cupo de atunes del total que se le haya permitido pescar ese año. La embarcación denunciada carecía de todo tipo de permiso para pescar atún.

Según la Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, la captura sin autorización y sin cupo del atún rojo, así como la comercialización de pescado inmaduro, son infracciones graves, y están castigadas con sanciones pecuniarias de hasta 60.000 euros.

Los presuntos autores ha sido denunciados ante la Delegación de Pesca Marítima de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. El pescado incautado ha sido entregado a centros benéficos para su consumo, tras pasar los controles sanitarios pertinentes.