El Partido Comunista se pronuncia sobre la moción de censura al PP en la Región de Murcia

Una moción de censura presentada a mitad de legislatura en la Asamblea Regional de Murcia plasma “la perdida de confianza por parte de sus socios de Gobierno en un Partido Popular azotado por la corrupción. La iniciativa, promovida por Ciudadanos y PSOE, para desalojar a Fernando López Miras de la Presidencia de la Comunidad Autónoma ha tenido su réplica en el Ayuntamiento de Murcia, con el apoyo del Grupo Municipal de Podemos, y podría extenderse a otros municipios donde PP y Cs comparten gobierno. Las consecuencias de la sorpresiva noticia han trascendido más allá de la región”.

A las nueve horas y cincuenta y seis minutos del miércoles 10 de marzo, 23 diputados y diputadas, integrantes de los grupos parlamentarios de PSOE, 17, y Ciudadanos, 6, registraban un escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea Regional, interponiendo la moción de censura anunciada breves momentos antes y su motivación. La persona propuesta para ser investida de triunfar la moción de cesura es Ana Martínez Vidal, coordinadora de Ciudadanos en la Región de Murcia y, hasta ahora, Consejera de Empresa, Industria y Portavocía del ejecutivo. Martínez Vidal fue Concejal de Infraestructuras y Calidad Urbana en el Ayuntamiento de Murcia, con el PP, entre los años 2011 y 2015, y se ha sentado en los Consejos de Administración de la empresa municipal de aguas y de la urbanizadora municipal de la capital murciana.

Un día antes, Vox presumía de haber llegado a un principio de acuerdo con el PP para sacar adelante los presupuestos regionales, obteniendo, entre otras cesiones, el compromiso de recuperar el pin parental como contrapartida al apoyo. Ciudadanos hizo pública su disconformidad con dicha condición, afirmando que, de mantenerse, supondría la ruptura de la coalición de gobierno. A la vez, en el Ayuntamiento de Murcia se anunciaba la dimisión como Concejal de Deportes y Salud de Felipe Coello, uno de los muchos cargos que en la región de Murcia ha recibido la vacuna frente al COVID saltándose los protocolos establecidos. Su salida llevaba semanas siendo reclamada por Cs y los grupos de la oposición en el consistorio. El edil, que concurrió a las elecciones integrando las listas del Partido Popular, dejaría el asiento en la Junta de Gobierno y las delegaciones otorgadas pero no el acta como concejal en un Ayuntamiento cuyos contratos están siendo mirados con lupa por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a quien el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Fomento, Mario Gómez, de Ciudadanos, habría proporcionado más de tres gigabytes de documentación probatoria de presunta corrupción en los contratos públicos.

El Partido Popular llegó al Palacio de San Esteban, sede del Consejo de Gobierno, en 1995, tras conseguir su primera mayoría absoluta en unas elecciones autonómicas. Durante 25 años la Región de Murcia ha tenido cuatro presidentes del PP, de los que dos se han visto ya ante la justicia por casos de corrupción. De Ramón Luis Varcárcel se conoció recientemente el sobreseimiento, recurrido por la Fiscalía, de la causa contra él por varios presuntos delitos en la pieza separada «La Sal II» del caso de la desaladora de Escombreras.

Por su parte Pedro Antonio Sánchez, salpicado por la trama Púnica, se encuentra a la espera de juicio, imputado por un caso por presuntas irregularidades en la construcción de un auditorio en el municipio de Puerto Lumbreras durante su etapa de Alcalde. En el caso «Pasarelas», donde se presumía el fraccionamiento irregular de contratos para encargar los trabajos de dirección técnica destinados a la reconstrucción de una pasarela y un puente, el expresidente resultó absuelto gracias a la reforma que su propio partido impulsó para limitar los plazos de instrucción a seis meses y a que la Fiscalía no solicitó que se declarase la causa compleja.

Desde el Partido Comunista de la Región de Murcia definen el saldo de los gobiernos del PP en el fracaso de un modelo productivo que ha generado corrupción, precariedad, pobreza, privatización de los servicios públicos y una destrucción medioambiental sin precedentes, así como una acumulación de riqueza y privilegios constantes para las rentas y patrimonios más altos.