IU-Verdes denuncia que 50 trabajadoras se van la calle por la externalización del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte del Ayuntamiento

Gloria Martín lamenta “la nula sensibilidad del equipo de Gobierno de PSOE y C’s que no ha tenido en cuenta la necesidad de proteger el trabajo desarrollado por estas profesionales ni la de los usuarios de mantener el vínculo con personas con las que mantenían un trato tan íntimo”

30.09.21.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado que, finalmente, medio centenar de auxiliares de ayuda a domicilio que venían prestando servicios a personas dependientes del municipio, que hoy se irán a la calle.

La edil consiguió en el Pleno municipal del pasado lunes que el equipo de Gobierno municipal se comprometiera a trabajar porque la asociación contratada por el Ayuntamiento subrogase a las trabajadoras de las otras tres empresas lorquinas del sector. Sin embargo, esta opción no sería viable según los servicios jurídicos del Ayuntamiento porque “no es que el servicio pase de una empresa a otra, sino que, hasta hoy, eran los beneficiarios quienes lo contrataban directamente cuando se les concedida esta prestación pública por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Es decir, estas empresas no tenían ninguna vinculación contractual con la Administración regional, por lo que no existiría sucesión de empresas en la prestación del servicio.

Gloria Martín ha mostrado su apoyo a estas trabajadoras y ha censurado que el Ayuntamiento de Lorca, gobernado por PSOE y C’s, no estableciera ninguna cláusula social en el contrato administrativo para procurar la “estabilidad en los equipos de trabajo” en un servicio tan delicado. Y es, además, los usuarios que tenían contratado el servicio con las otras empresas, “también dejarán de estar cuidados por las personas con las que han tenido un trato tan íntimo”.

Para evitar el monopolio en la adjudicación, el Ayuntamiento también podría haber dividido los servicios por lotes, como se ha hecho en otros municipios, bien siguiendo un criterio territorial (caso urbano y pedanías), bien separando la atención de las necesidades domésticas de los servicios de atención personal. “Había opciones para facilitar a las pequeñas y medianas empresas locales el acceso a la licitación pública, pero el equipo de Gobierno ha tratado este asunto sin ninguna sensibilidad ni hacia las profesionales que llevan años atendiendo a los usuarios ni hacia estos”, censuró Martín.

La concejala de Izquierda Unida-Verdes tampoco renuncia a la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, sufragado con dinero público porque “nuestra primera opción sigue siendo que esté bajo el amparo de la administración y no en manos privadas”. Al respecto, ha mostrado su preocupación porque la gestión privada de un servicio público suela llevar aparejada la precarización de las condiciones laborales. En este caso, el de “unas excelentes profesionales que a menudo son contratadas a tiempo parcial, lo que implica que sus retribuciones no alcancen ni siquiera el Salario Mínimo Interprofesional”.

Al respecto, Martín ha asegurado que estará “muy vigilante” para que la prestación de este servicio, configurado en la Ley como un servicio esencial para regular las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, “no implique la precarización de las condiciones laborales, sociales y económicas de las propias trabajadoras que hacen posible su realización”. “Vamos a exigir el cumplimiento del convenio colectivo y de los pliegos de condiciones elaborados por el Ayuntamiento para la adjudicación del contrato para que se respeten sus derechos”, concluyó.