IU-Verdes pide al Ayuntamiento que lidere la defensa jurídica de los afectados por la línea de alta tensión Hinojar-Águilas y que no se limite al “apoyo moral”

La concejala de esta formación, Gloria Martín, ha exigido al alcalde Diego José Mateos, del PSOE, que implique al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en este asunto, y que el Partido Popular haga lo propio con la Dirección General de Energía de la Comunidad Autónoma, porque “ellos deben hacer entender al Gobierno regional la necesidad de aprobar una declaración desfavorable por los impactos que la línea de alta tensión producirá en el medio natural, así como que no declare de utilidad pública un proyecto que atraviesa espacios incluidos en la Red Natura 2000”

10.03.22.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha exigido hoy al equipo de Gobierno municipal que solicite de manera urgente informes a los servicios técnicos, de obras, urbanización y medio ambiente del consistorio sobre los perjuicios de la instalación de una línea de alta tensión por parte de Iberdrola en terrenos integrados en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en la sierra de la Almenara.

Gloria Martín ha asegurado que el papel del Ayuntamiento frente a los planes de Iberdrola no puede limitarse a un mero asesoramiento y al “apoyo moral” a los 200 afectados de Purias, Aguaderas, Campo López y El Puntarrón-Adanes, sino que desde la Administración Local “tiene que liderarse la acción de defensa jurídica sobre el patrimonio natural de nuestro municipio y la salud de nuestros vecinos y vecinas”.

La concejala de IU-Verdes ha solicitado que sea la alegación municipal la que proponga un trazado alternativo a la multinacional eléctrica y a la Dirección General de Energía de la Región de Murcia. “Manifestar el desacuerdo no es suficiente ni efectivo. Hay que tomar la iniciativa, definir una estrategia propia y defender la opción que previamente se haya consensuado con los afectados, porque quedarse en la simple queja no servirá de nada”.

Al respecto, Gloria Martín ha pedido que se aproveche la ampliación en un mes del plazo para presentar alegaciones al trazado de la línea de alta tensión Hinojar-Lorca-Águilas, para que el Ayuntamiento “arme la defensa jurídica” y solicite la implicación de la administración del Estado o de instituciones europeas.

Gloria Martín ha puesto como ejemplo la iniciativa liderada por el que fuera alcalde de IU en Totana, Juan José Cánovas, recientemente fallecido, y el actual, Pedro José Sánchez, entonces concejal de Urbanismo, que junto a la iniciativa vecinal consiguieron la modificación del trazado de una Línea de Alta Tensión de una planta solar fotovoltaica. Tras una ardua batalla, ese proyecto, ya no afecta al entorno del parque regional de Sierra Espuña ni a los parajes naturales del Llano de las Cabras y el Cerro de la Bastida. “Estamos convencidos de que su experiencia previa podría ser de utilidad en este caso, por lo que deberíamos aprovecharla”, aseguró Martín.

La concejala de IU ha exigido también al alcalde de Lorca, Diego José Mateos, del PSOE, que implique al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en este asunto, y que el Partido Popular haga lo propio con la Dirección General de Energía de la Comunidad Autónoma. Ellos deben hacer entender al Gobierno regional la necesidad de aprobar una declaración desfavorable por los impactos que la línea de alta tensión producirá en el medio natural, así como que no declare de utilidad pública un proyecto que atraviesa espacios incluidos en la Red Natura 2000, en concreto el LIC ES6200035 Sierra de la Almenara y la ZEPA ES0000261 Almenara, Moreras y Cabo Cope. “De lo contrario se producirán graves perjuicios a la Sierra de la Almenara, uno de los espacios naturales de la Región con mayor biodiversidad y que alberga especies amenazadas como el búho real, el águila real, o el águila perdicera”, advirtió Martín.

Además, el trazado previsto por la sierra podría afectar a unas doscientas propiedades, cuyos titulares verán muy devaluado el precio de sus fincas con el grave perjuicio económico que supondría para ellos, además de los problemas de salud derivados de la cercanía de viviendas a este tipo de instalaciones.