España «prohíbe» despedir por causas relacionadas con la subida de los precios energéticos

El Plan Nacional de Respuesta a la Guerra aprobado este martes por el Consejo de Ministros prohíbe los despidos objetivos en las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha comparecido junto a las otras dos vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Ribera.

La primera de las prohibiciones, la de despedir si la empresa ha recurrido a un ERTE, ya se adoptó en la pandemia. Ahora se añade una nueva prohibición: el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía.

Díaz ha señalado que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y ha advertido a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, «no hay que despedir» trabajadores.

«Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir (…) No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir», ha enfatizado.

RESPALDO DE CALVIÑO

La vicepresidenta Díaz ha recibido el respaldo de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a la medida de vetar el despido. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Calviño ha asegurado que es «de sentido común» que las empresas que reciban recursos públicos no puedan usarlos para realizar despidos.

Previamente, la propia Díaz había asegurado que la vicepresidenta primera y ella «dicen lo mismo» al ser preguntada por si habían existido diferencias de criterio sobre este tema, como se ha publicado en algún medio de comunicación.

En cuanto a si la nueva prohibición aplica también sobre las empresas que despidan por falta de suministros, Díaz ha insistido en que «si existe escasez de suministros o el impacto energético es fuerte», hay mecanismos para evitar el despido: los ERTE regulados en la reforma laboral.

RESPUESTA A LA CEOE

Preguntada por las críticas de los empresarios a la prohibición de despedir, la vicepresidenta segunda ha recordado que esto ya se negoció y acordó en su día con sindicatos y empresarios cuando se establecieron los ERTE de pandemia: no sólo se prohibían los despidos objetivos para las empresas acogidas a ERTE sino que además se las obligaba a mantener el empleo durante seis meses.

De hecho, preguntada específicamente por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que ha instado a Díaz a montar una empresa para saber lo que es ser empresaria, la vicepresidenta segunda le ha recordado al dirigente de la patronal que «él ya pactó en nombre de la CEOE» el veto a los despidos durante la pandemia.

«Seguro que tiene la suficiente empatía social para entender y explicar a la ciudadanía que no se puede recibir dinero público a modo de cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por los españoles y a la vez despedir. Como este mecanismo ha sido muy exitoso en la gestión de la pandemia, estoy segura de lo que lo conoce perfectamente. Él mismo negoció esta cláusula, igual que la cláusula del mantenimiento del empleo en la anterior crisis», le ha replicado.

Para Díaz, el Plan de Respuesta a la Guerra es una de las normas «con mayor ambición» desplegadas hasta ahora en España. «De esta crisis vamos a salir juntas», ha destacado la ministra, que ha querido lanzar un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía pese al «miedo y las turbulencias» que genera la situación actual.

BAJAR LA INFLACIÓN, LA MEJOR AYUDA PARA UN PACTO DE CONVENIOS

Preguntada por las posibilidades de alcanzar un pacto de rentas con los agentes sociales, la ministra de Trabajo ha asegurado que no es un pacto de rentas como tal, sino un acuerdo interconfederal de negociación colectiva (AENC), cuya discusión corresponde exclusivamente a sindicatos y patronal, que son los que bilateralmente fijan los salarios.

«Lo mejor que podemos hacer para ayudar a ese acuerdo es bajar la inflación», ha dicho la ministra, que se ha mostrado convencida de que sindicatos y empresarios volverán a estar «a la altura de las circunstancias» en el AENC.