SOC-SAT llama a la huelga de trabajadores del campo «en solidaridad» con los temporeros desalojados en Níjar (Almería)

El sindicato SOC-SAT ha llamado a ir a la huelga a los trabajadores temporeros para mostrar «solidaridad» con los moradores del asentamiento de El Walili, en el núcleo de Los Nietos en Níjar (Almería), que a lo largo de este lunes están siendo desalojados en medio de un gran dispositivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sus infraviviendas demolidas por orden judicial a instancias del Ayuntamiento.

SOC-SAT ha pedido a los trabajadores del «campo y del manipulado» que se «organicen para caminar hacía la huelga general y la resistencia ciudadana activa» contra «la opresión, la explotación y los numerosos casos de racismo».

En un comunicado ha reprochado a la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, haber «incumplido» su «compromiso público» de que «no habría un desalojo sin que antes hubiera un realojo alternativo para todos, sin excepción», los 500 habitantes del asentamiento.

«Ha mentido a todos: a los residentes, a la Plataforma Derecho a Techo, a las ONGs y hasta a las parroquias y a la Diócesis de Almería con tal de servir a la patronal del campo y el turismo», han asegurado desde el sindicato.

El sindicato ha criticado que la oferta del ayuntamiento ante el desalojo y derribo que se está ejecutando sea «montarlos en un autocar sin conocer ni su destino, con una maleta».

«Sabe perfectamente la alcaldesa que son trabajadores de ese entorno, que si lo hicieran, además de perder su mísero hogar, perderían su trabajo. No se ha molestado ni en tener en cuenta las solicitudes de alojamiento que ella misma pidió que se entregaran en Asuntos Sociales», han remarcado.

Para SOC-SAT, es una situación en la que «no se están respetando los derechos humanos y se desprecian los derechos laborales a los trabajadores» y en la que el consistorio «incumple la legalidad con altos alquileres por vivir hacinados porque no existen alojamientos ni transporte».

«Son 30 años de propaganda xenófoba y marginación institucional; 30 años sin un plan de alojamiento que permita vivir y trabajar dignamente mientras se amplían las hectáreas de invernaderos y se acumulan beneficios», ha concluido.