IU-Verdes exige al Ayuntamiento que la empresa externa que se ocupa de la ayuda a domicilio respete los derechos salariales de las trabajadoras

La concejala de esta formación, Gloria Martín, ha explicado que ha recibido numerosas llamadas de auxiliares de ayuda a domicilio que denuncian que la empresa concesionaria se niega a aplicar las tres últimas subidas del Salario Mínimo Profesional y el convenio colectivo de referencia

21.04.23.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha dado la voz de alarma sobre el incumplimiento de los derechos laborales que afectan a las trabajadoras de la empresa a la que el Ayuntamiento de Lorca volvió a adjudicar en julio de 2021 la prestación del servicio de ayuda a domicilio por un periodo de un año, prorrogable por tres más. La empresa adjudicataria, Daylor, factura más de 1,5 millones de euros al año por su prestación, de los que 1,2 son aportados por el Instituto Murciano de Acción Social a través del convenio con el Ayuntamiento, y otros 321.00 los abonan los propios usuarios mediante el sistema de copago. El contrato entre el Ayuntamiento y Daylor, establece un precio de 14 euros por hora de trabajo, que cobra la empresa. De esa cantidad, las trabajadoras perciben 6,97 euros.

Gloria Martín explicó que ha recibido numerosas llamadas de trabajadoras, de las que respetará el anonimato “porque tienen miedo a sufrir represalias si denuncian su situación públicamente”, que le han informado que la empresa no está respetando las últimas tres subidas del Salario Mínimo Profesional, que en la actualidad es de 1.080 euros, ni el convenio colectivo de referencia.

Un convenio que contempla un salario base de 1.048,65 euros para las auxiliares de ayuda a domicilio, más complementos por antigüedad (19,96), festividad (19,93), festividad especial (34,75), disponibilidad (22,14) y hora extra (14,47), así como dos pagas extraordinarias, con devengo semestral, equivalentes a una mensualidad de salario base más antigüedad. Todo ello de conformidad con un Auto de la Audiencia Nacional, sobre sentencia referida a las tablas salariales del año 2022.

Al respecto, recordó que, a iniciativa de Izquierda Unida-Verdes, el Pleno municipal aprobó un acuerdo en su sesión ordinaria de septiembre de 2021 (con los votos en contra del PP) para que el Ayuntamiento realizara “cuantas actuaciones de inspección sean precisas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales de Daylor, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación laboral, en el convenio colectivo de aplicación y en los pliegos que rigen el contrato administrativo adjudicado a la referida mercantil”. Unos pliegos que, por ejemplo, también establecen que los desplazamientos que deben realizar las auxiliares entre domicilios de usuarios no serán imputados ni a estos ni al Ayuntamiento, sino que correrán a cargo del adjudicatario, por lo que la empresa debe abonárselos a sus trabajadoras.

Entre las obligaciones de la empresa también se encuentra que el personal que preste este servicio perciba las retribuciones que marca el convenio laboral de atención a la dependencia y, por ello, la empresa debe presentar justificante de las nóminas abonadas al personal de forma mensual.

Al respecto, Martín alertó de que el sistema de fiscalización sobre las obligaciones de la empresa podría “estar fallando” a tenor de lo denunciado por las trabajadoras, por lo que pidió que el Ayuntamiento cumpla con su deber de exigir a la mercantil el cumplimiento del contrato. “Lo contrario sería consentir la precarización laboral de unas trabajadoras que cumplen una función esencial en nuestra sociedad”.

Gloria Martín recordó que su formación ya alertó de esta situación hace dos años y lamentó que “tengamos que seguir hablando del incumplimiento de derechos laborales en una actividad que es sufragada con dinero público y licitada por el propio Ayuntamiento”.