Guardia Civil decomisa 15 ejemplares de pulpo de talla inferior a la permitida en Águilas

La Guardia Civil ha desarrollado un dispositivo para la prevención de la pesca furtiva profesional que ha culminado con el decomiso de 15 ejemplares de pulpo de talla inferior a la autorizada en el municipio de Águilas (Murcia), según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones se iniciaron el pasado julio, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) desarrollaban actividades de lucha contra el furtivismo marítimo en aguas de ese municipio.

En uno de estos servicios, efectivos del Instituto Armado observaron la presencia de una embarcación de pesca profesional cuyos tripulantes, al percatarse de la presencia policial, arrojaron por la borda dos bolsas de plástico en cuyo interior fueron localizados 15 pulpos, todos de talla inferior a la permitida.

La pesca intervenida fue trasladada a la lonja del puerto pesquero de Águilas, donde se confirmó que ninguno de los ejemplares tenía la talla mínima, pesando el más pequeño menos de medio kilo y el de mayor tamaño menos de un kilo. Cabe recordar que la talla mínima permitida por la normativa pesquera es de un kilogramo.

La actuación se saldó con varios informes y denuncias por pesca ilegal de octupus vulgaris y con el decomiso de las piezas, que fueron depositadas en la citada lonja a disposición del Servicio de Pesca, dependiente de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura.

Tras ser analizados y considerados aptos para su consumo por el Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Dirección General de la Salud Pública y Adicciones, los pulpos serán entregados a un centro benéfico.

Según la ley 12/2007, de 12 de marzo de Pesca Marítima y Acuicultura, el furtivismo en el litoral marítimo conlleva sanciones administrativas, siendo las muy graves de hasta 300.000 euros en lo que se refiere a la pesca marítima profesional, además de la incautación de aparejos, equipos e instrumentos útiles para la pesca, el decomiso de capturas, y la retirada, suspensión e inhabilitación para obtener licencias de pesca por un periodo de hasta dos años para las infracciones graves y cinco años para las muy graves.

La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con el Servicio de Pesca de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, en el marco del Plan Anual de Control e Inspección de Actividades Pesqueras (PACIAP).