El Seprona descubre más de 50 pozos ilegales en Mazarrón

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha puesto al descubierto una situación preocupante en Mazarrón, donde han identificado más de medio centenar de pozos ilegales. La pesquisa, que ha sido llevada a cabo en colaboración con la Confederación Hidrográfica, se ha centrado en la rambla del Ramonete y ha arrojado resultados alarmantes.

El proceso investigativo se desencadenó en marzo del año pasado gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a las autoridades sobre actividades sospechosas en la captación de agua en la mencionada rambla. Esta zona, ya declarada como un acuífero en situación de riesgo cuantitativo desde 2014, se enfrenta a la amenaza de sobreexplotación, lo que podría tener un impacto adverso en los recursos hídricos.

Después de recibir esta información, la Guardia Civil emprendió una serie de reconocimientos en la región, utilizando medios terrestres y aéreos, lo que llevó al descubrimiento de varios invernaderos agrícolas en la zona bajo investigación. Ante la sospecha de extracciones de agua irregulares para el riego de estos cultivos, el Seprona, junto con técnicos de la Confederación, formaron equipos de trabajo conjuntos para llevar a cabo un examen exhaustivo de las fincas.

La inspección minuciosa de 53 explotaciones agrícolas ha culminado en el descubrimiento de 51 pozos ilegales y los correspondientes grupos electrógenos que alimentaban los motores de extracción. Estos pozos clandestinos fueron encontrados en diversas ubicaciones, algunos en las propias fincas y otros en la rambla, que es propiedad del Estado. Para dificultar su detección, muchos de estos pozos estaban ocultos en zonas de acceso complicado, cubiertos con plásticos o chapas metálicas.

Una de las cuestiones clave era determinar la ruta que seguía el agua extraída de estos pozos. Las investigaciones revelaron que esta agua era canalizada hacia los invernaderos cercanos, transformando áreas de secano en tierras de regadío. Como resultado de la operación, se han instruido diligencias contra 18 personas, consideradas presuntas responsables de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como de sustracción de agua.

Las consecuencias legales para aquellos implicados en estas infracciones podrían ser significativas. Las penas por estos delitos van desde seis meses hasta dos años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre 10 y 14 meses.

Estas sanciones podrían ser más graves debido a la condición de riesgo cuantitativo en la que se encuentra el acuífero. Según los datos preliminares de la investigación, se estima que se sustrajeron más de 2,5 millones de metros cúbicos de agua, lo que ha ocasionado un daño económico al dominio público hidráulico que supera los dos millones de euros. El caso está siendo manejado por un juzgado de instrucción en Lorca.