IU+P+AV se opone a la venta del patrimonio municipal del suelo en Lorca

Sosa: “a la política no se viene a vender lo público al mejor postor, se viene a gestionarlo en favor del interés general de los ciudadanos”

“Lorca no tiene ningún problema de oferta de solares edificables, al revés, tiene un problema de salarios bajos para acceder a la vivienda y de ausencia de políticas públicas en materia de vivienda”

20.05.24. El portavoz de la coalición de izquierdas (IU+P+AV), Pedro Sosa, ha reaccionado esta mañana ante el anuncio hecho público por la concejala de Patrimonio del PP, Belén Pérez, consistente en subastar un solar público ubicado en el corazón urbano de Lorca. Sosa ha criticado duramente esa iniciativa afirmando que “a la política se debe venir a gestionar lo público para garantizar derechos ciudadanos, como el de la vivienda, no a vender solares edificables públicos que deberían estar siendo gestionados por la empresa municipal SUVILOR para poner viviendas públicas en el mercado lorquino”.

Para el edil de izquierdas, Lorca no tiene ningún problema de falta de solares edificables, al revés, todo el mundo sabe que el centro urbano y los barrios están salpicados de numerosos solares edificables. El problema de acceso a la vivienda en Lorca es mucho más profundo que ese. Arranca en primer término de la escasísima renta media (o salario medio) de los lorquinos. Todos sabemos, principalmente los jóvenes, que la precariedad de los empleos y los escasos salarios que se pagan en Lorca en términos generales, apenas dan para sufragar un alquiler en condiciones. Meterse en la compra de una vivienda es ya prohibitivo para la mayoría, sean jóvenes o personas mayores con problemas habitacionales de toda índole.

A la escasez de los salarios para poder acceder a una vivienda se une, precisamente, que Lorca no tiene ni definida, ni en el horizonte, ni en ningún sitio, una política pública en materia de vivienda más allá de vender su patrimonio al mejor postor para hacer caja. En los últimos años nuestra formación política ha hecho diversas propuestas en esta materia que apuestan por la intervención del Ayuntamiento para atajar las dificultades que están teniendo los jóvenes lorquinos para independizarse y disfrutar de su primera vivienda.

En ese sentido ha recordado que, en el marco de los planes de vivienda puestos en práctica por el gobierno de España en los últimos años, nuestro grupo político ha pedido a los últimos gobiernos locales que se promueva vivienda pública en Lorca para poner en el mercado viviendas con los mismos parámetros de calidad que la privada, pero a un precio más bajo porque su construcción está subvencionada.

De otro lado, Sosa pide información sobre las viviendas de la SAREB en Lorca y exige ponerlas en valor y que los bancos no abandonen sus deberes como propietarios de viviendas en los barrios.

Sosa afirma que el Ayuntamiento de Lorca ha aprobado ya varias propuestas planteadas por IU y por su coalición política actual que tenían como objeto las viviendas que en Lorca tiene en propiedad el llamado “banco malo”. Unas propiedades que están siendo abandonadas, que son objeto de ocupación con los problemas añadidos de vecindad que ello genera y que están lejos de cumplir función social que deberían.

El Ayuntamiento de Lorca, a propuesta de IU, afirma el edil, acordó instar a las administraciones con competencia en ello a la conversión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en una herramienta pública que sirviese para garantizar el derecho a la vivienda. Una propuesta que también incluía que los ayuntamientos fuesen receptores de parte del parque de viviendas de la SAREB para darle una función social, evitar el abandono de las mismas y combatir al mismo tiempo los citados fenómenos de ocupación; un problema que preocupa en muchas zonas de Lorca y especialmente en determinados barrios como el de San Cristóbal, San Diego, Los Ángeles y Apolonia.

Lorca sufre hoy la irresponsabilidad social de los bancos (de los “buenos”, pero también de los “malos”). Se trata de entidades que están haciendo una dejación ilegal de sus obligaciones urbanísticas básicas de conservación y mantenimiento de las viviendas y, además, es evidente que hacen “la vista la gorda” ante casos que todos conocemos de ocupación ilegal de sus viviendas, ha sentenciado Sosa.