Suspenden la entrada en prisión de seis empresarios condenados por prostitución de menores en Murcia

Este martes tuvo lugar la segunda jornada de vistas en el Palacio de Justicia de Murcia, donde se revisaron las solicitudes de suspensión de pena para otros cinco condenados: tres empresarios que fueron clientes de la red de prostitución de menores, y dos mujeres conocidas como ‘madames’, responsables de organizar y facilitar los encuentros con las víctimas. La primera vista del lunes había concluido con la suspensión de la pena para cuatro de los condenados, mientras que el tribunal dejó pendiente la resolución sobre una de las ‘madames’, R.D.T., cuya situación será resuelta más adelante tras un análisis más profundo de su caso.

La sesión del martes se desarrolló en medio de protestas en las puertas del Palacio de Justicia, donde una veintena de personas se congregaron para expresar su indignación por lo que consideran impunidad en el tratamiento judicial de los acusados. Entre los cánticos de los manifestantes se escuchaban consignas como «Esto no es justicia, es impunidad», «Las niñas no se venden, las niñas se defienden» y «Jueces y fiscales, cómplices». Los manifestantes también exhibieron pancartas en las que se leía ‘Pederastas, queremos justicia’, ‘Justicia machista’, y ‘El silencio nos hace cómplices. No impunidad’.

Los testimonios de los acusados y la intervención del fiscal

Durante la sesión, la primera en comparecer fue Y.B.C., una de las ‘madames’ condenadas, cuyo abogado solicitó la suspensión de su pena argumentando que su clienta ya había «redimido el daño» y que se encontraba totalmente «reinsertada» en la sociedad, además de ser madre de un niño pequeño. Al tomar la palabra, Y.B.C. expresó su arrepentimiento y describió lo ocurrido como una «mala experiencia» que desearía poder borrar. Sin embargo, el fiscal Sánchez Lucerga se opuso a la suspensión de su pena, subrayando que los hechos reconocidos por la acusada eran «graves» y que ya se había aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

Otro de los comparecientes fue el empresario J.M.F., que no se presentó en la audiencia debido a una reunión extraordinaria en su ayuntamiento. Su abogado alegó que su cliente estaba en una situación «insostenible», pero el fiscal, citando a Clara Campoamor, señaló que «hay delitos ante los que a cualquier persona se le revuelve el estómago», y subrayó que los sufrimientos de J.M.F. no eran comparables con los de las víctimas. A pesar de ello, el fiscal no se opuso a la suspensión de su pena debido a que se cumplían los requisitos legales.

Otro caso revisado fue el de N.C.P., otra de las ‘madames’ condenadas, quien enfrenta una pena de 12 años de cárcel por seis delitos de prostitución de menores y pertenencia a organización criminal. Su abogado defendió la suspensión de la pena, señalando que su clienta había consignado dinero para la reparación del daño a las víctimas. Sin embargo, el fiscal fue contundente en su oposición, argumentando que la gravedad y la cantidad de delitos imputados no justificaban la suspensión, y que debía prevalecer la «reprochabilidad social» de estos actos, recordando que las víctimas eran menores de edad que merecían crecer y desarrollar su sexualidad sin coacción.

La suspensión de las penas y las víctimas

En la misma jornada, el tribunal también revisó el caso del empresario J.P.A., quien había sido condenado a 10 meses de prisión por dos delitos de prostitución de menores. Su abogado solicitó la suspensión de la pena, y en este caso, el fiscal no presentó objeciones, alegando coherencia con decisiones similares. J.P.A. manifestó su arrepentimiento durante la audiencia, y la magistrada ponente, Concepción Roig, accedió a la suspensión de su pena, imponiendo como condiciones que no reincida en los próximos dos años, que no se acerque a las víctimas a menos de 500 metros, y que participe en programas de reeducación conductual en materia de sexualidad.

En cuanto a las víctimas de estos delitos, la magistrada ponente destacó que cinco de ellas habían expresado su deseo de conceder a los condenados «una segunda oportunidad» y que no ingresaran en prisión. Otras dos víctimas manifestaron que confiaban en la justicia, mientras que cinco más preferían que los condenados cumplieran con la pena de prisión.

Un caso pendiente de resolución

El tribunal aún tiene pendiente la resolución de algunos de los casos, como el de la ‘madame’ R.D.T., cuya decisión se tomará en los próximos días. Entretanto, el debate sobre la suspensión de penas para estos condenados continúa generando indignación social, reflejada en las manifestaciones que exigen una respuesta más severa ante los delitos cometidos contra menores. La justicia debe ahora equilibrar las circunstancias personales de los condenados y las exigencias de reparación y justicia para las víctimas.