Victoria Rosell propone aplicar el 155 en Murcia para suprimir el ‘pin parental’

Sigue la polémica y el enfrentamiento político a cuenta del llamado ‘pin parental’ o derecho de los padres a impedir que sus hijos asistan a actividades complementarias en horario escolar contrarias a sus convicciones morales o religiosas, una exigencia de Vox que ya se aplica en Murcia.

La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la ex magistrada y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, ha planteado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, en definitiva intervenir la Comunidad de Murcia, como en su día se hizo en Cataluña, para obligar al Gobierno autonómico a suspender la aplicación del ‘pin’ en sus escuelas.

Según Rosell, «hay unos cauces jurídicos que pueden no ser necesariamente judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación, incluso del 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables. Sería el camino similar al de Cataluña, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico».

Rosell, en los micrófonos de la cadena Ser en Las Palmas, ha sugerido de esta manera la puesta en marcha del procedimiento del 155 que implica requerir al presidente de la Comunidad Autónoma para que suspenda la aplicación del ‘pin parental’ y, en caso de negativa, someter al Senado una propuesta de intervención de alguna o todas sus competencias que pasarían a estar gestionadas por el Ejecutivo central.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género considera que la medida, abanderada por Vox, puesta en marcha en Murcia, vulnera la legislación vigente aunque por el momento, y diferencia de lo sucedido en Cataluña con el procés independentista, ningún tribunal se ha pronunciado al respecto.

El artículo 155 de la Carta Magna establece que si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento a su presidente, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.