Colombia.- Nueva jornada de protestas contra la brutalidad policial en Bogotá

Las protestas contra la brutalidad policial por la muerte de un hombre al que la Policía le aplicó varias descargas eléctricas con una pistola táser se han reactivado este jueves en Bogotá, la capital de Colombia, según informa el diario local ‘El Tiempo’.

En algunas zonas de la ciudad, como Suba Rincón, Verbal, Fontibón y la comisaría de Villa Luz, se han registrado desórdenes y enfrentamientos entre manifestantes y Policía. Además, se han realizado marchas en otras ciudades de Colombia, como Medellín y Barranquilla.

Según ha informado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el balance de los dos últimos días de protestas en Colombia deja diez civiles muertos (siete en Bogotá y tres en Soacha) y 209 civiles heridos, además de 194 policías lesionados. Las manifestaciones se han saldado con daños en al menos 91 turismos y en 33 autobuses, incluidos ocho que han sido incendiados.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha descartado durante la jornada del jueves la aplicación de un toque de queda en la ciudad, pero ha pedido a los ciudadanos desde su cuenta de Twitter que regresen a sus domicilios a las 19.00 horas (hora local) para «evitar tensiones, provocaciones y posibles problemas de movilidad».

Asimismo, López y los familiares del hombre fallecido, Javier Ordóñez, han hecho un llamamiento para que no se repita la violencia registrada durante las protestas de la jornada anterior, que dejaron al menos siete muertos y cientos de heridos.

Ordóñez, de 42 años, falleció el martes después de una polémica intervención policial en la zona de Engativá, en Bogotá. La intervención de los agentes, que realizaban un control de tráfico y acusaron a Ordóñez y a sus amigos de beber en la calle, fue grabada en vídeo. En dichas imágenes se ve cómo el abogado pide auxilio y que no se le apliquen más descargas eléctricas.

Los dos agentes implicados ya han sido apartados de sus cargos. Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha anunciado este jueves que ha encargado el caso del abogado fallecido a un fiscal de derechos humanos «por la gravedad de la afectación evidenciada y por competencia».