El Ayuntamiento advierte de que las zonas afectadas, aunque representan alrededor del 5% del término municipal, se concentran en el casco urbano, áreas residenciales, suelos de crecimiento y espacios de importante actividad económica

LORCA, 1 de octubre de 2026. El Ayuntamiento de Lorca ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre gestión de los riesgos de inundación impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al considerar que su aplicación, en los términos actualmente planteados, podría generar importantes consecuencias sobre viviendas, empresas, explotaciones agrícolas y ganaderas y futuros desarrollos urbanos del municipio.

La concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, María Hernández, y el concejal de Infraestructuras, Ángel Meca, han explicado que el Consistorio reclama una regulación que tenga en cuenta las características particulares de Lorca y permita compatibilizar la protección frente a las inundaciones con el desarrollo económico y urbanístico.

El término municipal de Lorca tiene unos 1.675 kilómetros cuadrados y cuenta con numerosas pedanías, viviendas dispersas, explotaciones agrícolas y ganaderas y una extensa red de ramblas y cauces.

Según los cálculos aportados por el Ayuntamiento, las zonas inundables representan aproximadamente un 5% de la superficie total del municipio. Sin embargo, el Consistorio sostiene que buena parte de estos terrenos se concentran precisamente en el casco urbano, zonas residenciales, áreas de expansión y parte del conjunto histórico.

Además, asegura que, si únicamente se tiene en cuenta el suelo urbano y urbanizable, la superficie afectada supera el 33%.

María Hernández ha defendido que esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar el futuro decreto.

“No se puede medir la situación de Lorca sólo con un porcentaje. Ese 5% afecta precisamente a las zonas donde viven los vecinos, donde están muchas viviendas y donde tiene que seguir creciendo la ciudad”.

Lorca pide acogerse al régimen especial

Uno de los puntos centrales de las alegaciones municipales se refiere al régimen específico previsto para determinados municipios especialmente afectados por el riesgo de inundación.

El Ayuntamiento solicita que Lorca pueda acogerse a este tratamiento pese a que el porcentaje de superficie inundable respecto al conjunto de su término municipal se encuentra por debajo de un tercio.

El Consistorio considera que también debería analizarse dónde se encuentran los terrenos afectados y qué porcentaje representan sobre el suelo urbano y urbanizable, en lugar de atender únicamente a la superficie total del municipio.

Hernández ha señalado que “no es lo mismo que una zona inundable afecte a una superficie sin desarrollar a que afecte directamente al casco urbano, a viviendas ya construidas, al centro histórico o a suelos previstos para el crecimiento de la ciudad”.

Más restricciones para viviendas, garajes y nuevos desarrollos

El proyecto de Real Decreto plantea reforzar las limitaciones para construir en determinadas zonas inundables y de flujo preferente.

Entre las restricciones previstas se encuentran limitaciones sobre nuevos usos residenciales y determinadas construcciones bajo rasante, como garajes y sótanos.

El Ayuntamiento reclama que la normativa diferencie entre las nuevas edificaciones y las viviendas que llevan años construidas en estos ámbitos.

También pide que puedan continuar realizándose actuaciones de rehabilitación, mejora, adaptación o modernización de los inmuebles existentes, siempre que las obras no incrementen el riesgo frente a posibles inundaciones.

Otro de los puntos que preocupa al Consistorio es la obligación de adaptar el Plan General Municipal de Ordenación de Lorca a la nueva delimitación de zonas inundables.

El Ayuntamiento considera insuficiente el plazo de cinco años planteado para acometer una modificación urbanística de esta envergadura.

La limitación de garajes subterráneos también podría entrar en conflicto, según el Consistorio, con las propias normas urbanísticas municipales, que establecen un número mínimo de plazas de aparcamiento en determinadas nuevas edificaciones.

El Ayuntamiento alerta del impacto económico

Las alegaciones municipales también ponen el foco en las posibles consecuencias económicas de la nueva regulación.

El Consistorio advierte de que la inclusión de terrenos dentro de una zona inundable puede repercutir en su valor, las posibilidades de construcción, el acceso a financiación o la viabilidad de futuras inversiones.

Por este motivo, solicita que se analice específicamente el impacto que tendría la normativa sobre Lorca y sobre sectores como la agricultura, ganadería, industria, comercio y logística.

Protección para las explotaciones agrícolas y ganaderas

El Ayuntamiento plantea igualmente que las explotaciones agrícolas y ganaderas existentes puedan continuar realizando obras de modernización o adaptación.

Entre ellas se incluyen actuaciones destinadas a cumplir nuevas exigencias sanitarias o medioambientales, mejorar los sistemas de drenaje o reforzar la protección de las instalaciones frente a las inundaciones.

Ángel Meca ha señalado que “nuestros agricultores y ganaderos tienen que poder seguir mejorando sus explotaciones y adaptándolas a las nuevas exigencias”.

“No tendría sentido que una norma pensada para mejorar la seguridad termine impidiendo precisamente actuaciones que pueden hacer esas instalaciones más seguras”, ha añadido.

Reclaman ejecutar las obras hidráulicas pendientes

El Ayuntamiento considera que cualquier incremento de las restricciones urbanísticas debe ir acompañado de la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes para reducir el riesgo de inundaciones en Lorca.

Entre ellas cita las actuaciones relacionadas con las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, así como el canal Béjar-Biznaga.

El Consistorio sostiene que la ejecución de estas infraestructuras podría modificar las actuales zonas de riesgo, por lo que solicita que los mapas de inundabilidad sean revisados conforme avancen las obras.

“No sería razonable mantener durante años restricciones sobre unos terrenos si posteriormente las obras hidráulicas modifican esa situación de riesgo. Los mapas deben actualizarse a medida que se ejecuten las infraestructuras”, ha indicado Meca.

El Ayuntamiento también reclama avances en las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla y en el canal de Biznaga, incluyendo plazos y financiación para su ejecución.

Meca ha insistido en que “no podemos cargar todas las consecuencias sobre agricultores, ganaderos, propietarios y empresas mientras siguen pendientes las infraestructuras que deben reducir de verdad el riesgo de inundación”.

Un tratamiento específico para el casco histórico

Las alegaciones incluyen también una petición para que el casco histórico de Lorca disponga de un tratamiento adaptado a sus características patrimoniales.

El Ayuntamiento advierte de que determinadas medidas constructivas destinadas a reducir el riesgo de inundación pueden resultar incompatibles con los edificios protegidos o alterar la configuración tradicional del centro histórico.

Por ello, reclama soluciones específicas que permitan mejorar la seguridad de los inmuebles sin perjudicar su protección patrimonial.

María Hernández ha concluido que el objetivo municipal es conseguir “una norma que proteja a los lorquinos frente a las inundaciones, pero que tenga en cuenta la realidad de nuestro municipio”.

“Proteger a las personas no puede significar bloquear el futuro del municipio”, ha afirmado.