El PP lorquino propone acabar con la impunidad que ampara a los okupas

Esta problemática ya está afectando a varias zonas de la ciudad, los barrios y nuestras pedanías. Tenemos que actuar ahora para evitar que esto se extienda. Para ello reclamamos cobertura legal para desalojar a los okupas en 12 horas, castigar con cárcel la okupación con violencia y prohibir que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas.

El portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha afirmado que los lorquinos necesitamos una ley que permita desahucios exprés en 48 horas y penas de cárcel de uno a tres años para los okupas, porque la política de brazos caídos del PSOE ha llevado a que los okupas campen a sus anchas. Es evidente que la sociedad necesita una ley contundente que proteja al propietario. Por eso, desde el Partido Popular estamos impulsando una recogida de firmas para luchar contra la okupación ilegal, una lacra social que cada vez afecta a más familias que ven cómo los okupas actúan de forma impune sin que haya una respuesta firme por parte del Gobierno de España. Estamos llevando a cabo esta iniciativa a través de la plataforma change.es, junto a una ofensiva parlamentaria para que las administraciones públicas manifiesten su compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la okupación ilegal.

Fulgencio Gil ha subrayado que el Partido Popular es el gran defensor de la propiedad privada y no podemos mirar hacia otro lado mientras de manera impune asaltan viviendas o segundas residencias, cuyos propietarios con esfuerzo y ahorro han adquirido. Es por ello que instamos al Gobierno de la Nación a que impulse las reformas legales oportunas con el fin de combatir de manera ágil la okupación ilegal de viviendas y, con ello, garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. La okupación no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada, y el hecho de no perseguir este delito significaría dar carta blanca a un tipo de delincuencia colectiva que, si cunde el modelo, puede expandirse a otros ámbitos.

Elo presidente del PP lorquino ha considerado que los casos de okupación que ya están afectando a varias zonas de la ciudad y de nuestras pedanías no constituyen un derecho, sino un quebrantamiento de la ley, por lo que se debe perseguir y dar soluciones jurídicas ágiles, reales y efectivas. Los Gobiernos del PP están impulsando medidas para frenar que las mafias se asienten en sus territorios, de hecho, en nuestra Región ya se ha lanzado un plan contra estas mafias que se dedican a ocupar ilegalmente las viviendas; detección temprana que contará con la participación de los sectores afectados con el fin de diseñar un procedimiento que impida que se instalen en la Región.

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha recalcado que, al igual que en las Cortes Generales, “el PSOE en la Región tendrá que posicionarse o a favor del derecho constitucional o seguir plegado a las exigencias del socio de Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias, que defiende libremente el movimiento okupa”. Para Bernabé, “el PSOE está demostrando que está dispuesto a cruzar muchas líneas rojas por mantener a Sánchez en Moncloa como ha demostrado hoy al Rey de España se le ha prohibido asistir al acto de entrega de despacho de los jueces, en vez de solucionar los problemas reales de los ciudadanos que ven cómo se les roba de manera impune sus viviendas”.

Bernabé ha explicado que la ley del PP pretende que se pueda desalojar a los okupas en 12 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años. De igual manera, se insta a prohibir que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente y defender así la convivencia y la seguridad entre vecinos y darle personalidad jurídica a las comunidades de propietarios para que puedan solicitar solución.

El senador ha subrayado que “la okupación no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada, y, con esta ley se pondrá fin a la impunidad de estas bandas organizadas”. El senador ha insistido en que “estas medidas no afectan a los colectivos vulnerables que no pueden pagar su alquiler de su vivienda, sino a las mafias de okupación ilegal”.