2,7 millones de euros para fomentar el turismo rural de Sierra Espuña

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha anunciado que el Gobierno de la Región de Murcia acaba de arbitrar 2,7 millones de euros para fomentar y poner en valor el turismo rural en ese paraje.

Así lo ha manifestado ante el Pleno de control de la Asamblea Regional cuando le han preguntado por el arreglo del tramo de la carretera RM-515 que conecta el municipio de Alhama de Murcia con los municipios de Pliego y Mula, a su paso las pedanías de Gebas, El Berro y Fuente Librilla.

«Pensamos que es muy interesante reforzar esa inversión facilitando los accesos y ese es el motivo por el que hemos querido impulsar esa carretera», ha afirmado Díez de Revenga. Asimismo, ha afirmado que el proyecto está preparado, aunque no pueden indicar con exactitud cuándo se iniciarán las obras.

«Hemos enviado a la alcaldesa de Alhama un convenio por el cual nosotros hacemos las expropiaciones y ellos las costean. En cuanto estén esos terrenos, lo meteremos en los presupuestos de este año», ha concluido.

Durante la ronda de preguntas orales, también se ha preguntado sobre las novedades que se incluyen para el 2021 en la nueva solicitud única de la política agraria común. En este sentido, Díez de Revenga ha afirmado que se han encontrado con cambios significativos en el importe de las ayudas directas, lo que llena de preocupación a los más de 11.000 agricultores y ganaderos de la Región «que han visto súbitamente modificados los importes con los que contaban inicialmente». Asimismo, el consejero ha manifestado que el Gobierno de Pedro Sánchez «está castigando una vez más a los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia».

«Desde el Gobierno regional hacemos lo posible por mejorar la calidad de la información presentada en la solicitud única y la realización de todos los controles a través de monitorización por satélite. Lo que redundará en una agilización de la tramitación de los pagos», ha concluido.

Por su parte, el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha destacado las medidas que han desarrollado desde la Consejería en apoyo a trabajadores afectados por ERTE con las rentas más bajas para que reciban ayudas económicas, y que sectores como los pequeños autónomos de comercio minorista y las hostelería hayan sido subvencionados.

«Hemos adaptado y reorientado los programas de ayudas y acciones formativas existentes a fin de mejorar la cualificación de trabajadores y autónomos para que se puedan reciclar y adaptar a los nuevos puestos que demanda la sociedad», ha afirmado.

Durante la sesión plenaria, también se ha destacado que el número de llamadas de atención al ciudadano durante 2020 se incrementó un 23% más con respecto al año anterior, 651.991 llamadas fueron atendidas. Asimismo, se incrementó y reforzó el presupuesto de dicho servicio en 200.000€. Así lo ha destacado el consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, José Gabriel Sánchez Torregrosa.

El consejero ha informado que se ampliaron los horarios de atención al ciudadano para una mejor atención telefónica posible y que se incorporaron 14 nuevos agentes a la plantilla. Sánchez Torregrosa ha destacado que solo durante el mes de julio se recibieron 75.000 llamadas, se cogieron 9 de cada 10 en la primera llamada y fueron atendidas y resueltas sin tener que pasar la llamada a un organismo gestor.

«La valoración de los ciudadanos refleja una satisfacción global en tiempos de pandemia. Considero que el acceso telefónico de los ciudadanos ha estado, está y estará garantizado para todas las personas que no tienen acceso a recursos informáticos», ha concluido el Consejero.

Por su parte, la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha manifestado que «no hubo oferta» para vacunar al personal de la Consejería, pero que desde que se puso en marcha la estrategia de vacunación se han sucedido «diversas actualizaciones de la misma» como la inclusión de trabajadores de centros de ámbito sociosanitario no residenciales y personas con gran dependencia, personal de protección de menores que acuden a los domicilios, así como los centros de menores dentro del grupo 3.