El 5G generaría casi 14.600 millones para España en 2021, según informe del Gobierno

La regulación de la CNMC favorecerá la competencia ante la ampliación de las concesiones de frecuencias.

“La tecnología 5G tiene como principal objetivo mejorar la conectividad de máquinas, objetos y dispositivos, estableciendo un nuevo estándar inalámbrico global de velocidad, rendimiento y ancho de banda. Esto significa mejorar las prestaciones de acceso a Internet, latencia ultrabaja, descargas más rápidas, acceso a más información, mayor confiabilidad y mejor capacidad de red masiva, comparado con las generaciones anteriores (1G, 2G, 3G y 4G)”, sostiene Gustavo Johnson, colaborador de ZONATECH.

Además de los beneficios anteriores, la inserción de las redes 5G aportan gran valor a la economía mundial y producirán 22 millones de empleos a nivel mundial, según Ryan Gorstiza, de Qualcomm, compañía conocida por crear los famosos procesadores Snapdragon.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) estima que para 2025 lograrán ingresos equivalentes a 225 mil millones de euros. Además, creará hasta 1140 mil millones de euros en beneficios repartidos en distintas industrias, como la automotriz, de la salud, de transporte y servicios como la energía, el agua o las autopistas.

En España, el desarrollo de la tecnología 5G podría reportar unos beneficios indirectos de 14.600 millones de euros en 2021, según el informe de la CE sobre el impacto de la introducción de esta tecnología en la Unión.

El informe de impacto económico y presupuestario está relacionado con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, que convirtió una serie de directivas comunitarias y revisó la Ley General de Telecomunicaciones para ampliar los plazos mínimos de duración de las licencias de las bandas de frecuencias.

De acuerdo con el decreto, el departamento administrativo permite el uso de concesiones de espectro radioeléctrico en la próxima licitación pública, incluidas las concesiones previstas para el desarrollo de redes de tecnología 5G, con un plazo mínimo de 20 años y un plazo máximo de 40 años, que es el período máximo actual.

Como establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, el gobierno debe garantizar la estabilidad, la previsibilidad y el retorno “suficiente” de la inversión de los operadores para promover la inversión sostenible en el desarrollo de estas redes, lo que justifica esta decisión.

Regulación de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia)

El Gobierno reconoce que la ampliación de las concesiones de bandas de frecuencia pondría un límite a otros operadores en el mercado, pero este resultado se plasmará en unos años, dentro de un sector “innovador y transformador”.

Concretamente, señala que esta titularidad “no implica una explotación exclusiva y excluyente de esos derechos de uso”: “Al margen de medidas regulatorias que puedan ser adoptadas por la CNMC, ya sea como regulación ‘ex ante’ o como remedios ‘ex post’, el mercado secundario del dominio público radioeléctrico constituye una posibilidad existente en el mercado de las telecomunicaciones”.

En el caso de España, se trata de “un mercado muy dinámico, en donde los operadores están llegando a importantes y numerosos acuerdos para transferir, compartir o ceder estos derechos de uso”.