Las expropiaciones del AVE en el tramo Lorca-Pulpí a “0,37 céntimos el metro cuadrado”

IU-V afirma que ADIF está “robando” a los propietarios de las más de 500 fincas afectadas en Lorca

Sosa reprocha al alcalde que, de nuevo, haya incumplido su compromiso de asesorar técnica y jurídicamente a los vecinos afectados.

Le advertimos hace tiempo que esto iba a pasar y se comprometió a firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Lorca que jamás se firmó

 19.01.2022. ADIF está convocando para los primeros días de febrero, en el Centro de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, a los propietarios de fincas y parcelas afectadas por la expropiación de tierras por donde discurrirá la Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad del tramo Lorca-Pulpí. Se trata de vecinos de las pedanías de Sutullena, Torrecilla, Campillo y Almendricos, a los que, por los casos que hemos podido conocer, se les pretende abonar cantidades ridículas e insultantes por la expropiación. El asunto afecta a 535 fincas lorquinas, de un total de 923 de todo el tramo que, además del municipio de Lorca, también comprende Puerto Lumbreras y Pulpí.

Sosa ha enseñado en su rueda de prensa una de las cartas recibidas recientemente por una familia de afectados de la diputación de la Torrecilla, que, según cuentan, adquirieron las tierras ahora objeto de expropiación, emigrando y trabajando en Francia con mucho esfuerzo y sacrificio. En la carta recibida se expresan con claridad los términos de la expropiación. Un importe ridículo de 534,29 euros por 1430 m² expropiados de una parcela de 5000 m². ADIF quiere pagar a 37 céntimos de euro el m². La  parcela restante, además, perdería con la expropiación el derecho de edificar en ella una vivienda, produciéndose un demérito que, pese a haber sido puesto de manifiesto por esa familia a ADIF, sigue sin valorarse y sin tenerse en cuenta a efectos de esa expropiación.

Todos los miembros de esa familia, afirma Sosa, han sido citados en el Centro de Desarrollo Local, en un día laborable y en horas laborables. Los que no puedan asistir deben ser representados mediante un poder notarial. Entre los salarios del día que se pierden y lo que cobre el notario, con seguridad, expresa el edil de IU, suponen una cifra ya superior a lo que ADIF pretende darles por dejarles con una parcela rota e inservible que tantas jornadas de trabajo costó en la emigración.

Sosa ha recordado que IU lleva pidiendo al alcalde de Lorca que no deje a este amplio conjunto de vecinos afectados por las expropiaciones “a los pies de los caballos”. Y, concretamente lo hizo proponiendo, hace ya bastante tiempo, la habilitación inmediata de una Oficina Municipal de Asesoramiento que, más allá de enseñar el proyecto de ADIF, que es lo único que han hecho, asesorase técnica y jurídicamente a los afectados. Y, también, más recientemente, en los meses del pasado verano, implicado al Colegio de Abogados de Lorca en la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para el mejor asesoramiento de los afectados.

Nos consta, asegura Sosa, que los representantes del Colegio de Abogados cumplieron escrupulosamente con su compromiso, remitiendo al Ayuntamiento una propuesta de Convenio que ha debido guardarse, como tantas cosas, en los atestados cajones del olvido y el incumplimiento de este equipo de gobierno.

Ahora el tiempo, para desgracia de los afectados que están recibiendo estas cartas con esos justiprecios abusivos, ridículos e insultantes, se ha echado encima y, pese a ello, en IU-V seguiremos exigiendo a las instituciones, empezando por el Ayuntamiento, que no desatiendan a las cerca de 600 familias de Lorca afectadas por las expropiaciones y por cantidades miserables que pretende pagar ADIF.

Sosa exige que se habilite de la mejor manera que sea posible el mejor asesoramiento a los vecinos. Por lo que sabemos, y como en el caso que hemos explicado, muchas de las  expropiaciones son parciales, generando un demérito y una evidente depreciación del valor de la parte de las fincas o parcelas que no se expropian, haciendo inviables determinadas explotaciones agrícolas y ganaderas y, en su caso, conllevando la pérdida de derechos de construcción de viviendas sí, como algunos casos que ya nos han llegado, la parte de parcela no expropiada no contase con los metros suficientes establecidos en la norma urbanística.

Toda esta ingente cantidad de problemas requiere el concurso y la contratación de expertos, abogados, tasadores, ingenieros, etc., cuyos honorarios podrían suponer un gasto considerable añadido a los afectados si, como suele suceder, no se llega a un acuerdo inicial con ADIF y hay que ir al Jurado Provincial de Expropiación con una “hoja de aprecio” fundamentada técnicamente, o si, aún más costoso, se tiene que recurrir a los tribunales de justicia.

Por ello es imprescindible que el Ayuntamiento de Lorca no abandone a sus vecinos, se ponga a trabajar y habilite cuanto antes ese servicio de asesoramiento, que, casi “in extremis”, volveremos a exigir mediante moción en el primer pleno municipal de enero de 2022.