IU-Verdes exige al Ayuntamiento de Lorca que obligue a los bancos con viviendas en ruinas a que cumplan la disciplina urbanística

La concejala de esta formación, Gloria Martín, denunció la situación de extrema peligrosidad de un inmueble sito en el número 16 de la calle Cuatro Granadas, en el barrio de San Pedro, que se está viniendo abajo sin que su propietario, una entidad bancaria, cumpla la normativa y sin que el consistorio tampoco se lo exija

07.11.22.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado la situación de “extrema peligrosidad” de un inmueble situado en el número 16 de la calle Cuatro Granadas, en el barrio de San Pedro, y que sería propiedad de una entidad bancaria.

La edil de IU-Verdes explicó que una de las vigas de la vivienda se ha venido abajo, por lo que sus anteriores ocupantes se marcharon tras librarse de sufrir una tragedia, y que ahora la vivienda es utilizada como lugar de juegos por los menores de la zona, “al no existir ninguna medida de seguridad que impida que se accede a ella”. En una situación parecida se encuentra otro inmueble situado en el número 6 de la misma calle.

Gloria Martín recordó que la disciplina urbanística obliga a los propietarios de los inmuebles a mantenerlos en condiciones adecuadas de salubridad y de seguridad. Por eso, dijo no entender que el Ayuntamiento consienta que estas entidades tengan viviendas “en pleno corazón del casco histórico, con las vigas caídas en el suelo y sin ninguna medida de protección que impida a los menores del barrio entrar a jugar en casas que se están viniendo abajo”.

La concejala de IU-Verdes exigió al concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén, que “tome medidas de inmediato” porque, además, “nos consta que el equipo de Gobierno tiene conocimiento de esta situación a través de los vecinos y no les están haciendo caso”.

Al respecto, la concejala pidió que se dicte una orden de ejecución inmediata dirigida a los propietarios de ambos inmuebles o que, de lo contrario, y dado el peligro potencial de derrumbre, “que el Ayuntamiento actúe de manera subsidiaria y le pase la factura a los responsables” antes de que “suceda una desgracia”.