Fiscalía solicita tres años de prisión para Bárbara Rey por delito de alzamiento

La Fiscalía de Madrid ha solicitado una pena de tres años de prisión para la totanera María Margarita García García, conocida como Bárbara Rey, por el delito de alzamiento de bienes. La acusación se basa en varias operaciones financieras realizadas por Rey con el propósito de generar una situación de indefensión económica, lo que le impedía pagar la deuda de 143.902,24 euros que le reclamaba la Agencia Tributaria.

El juicio se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de Madrid, y el fiscal también solicita una pena de dos años y seis meses de prisión para los hijos y la hermana de Rey, acusados de participar en el delito de alzamiento de bienes.

Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2011, cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) inició una inspección a María Margarita García García relacionada con el pago del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a los años 2006 a 2008.

El 16 de noviembre de 2012 se emitieron dos actas por el IRPF, una correspondiente al año 2006 por un importe de 135.031,21 euros, y la otra correspondiente a los años 2007 y 2008 por un importe de 131.568,98 euros.

Estas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero de 2013, con un plazo de pago voluntario hasta el 20 de marzo del mismo año. Posteriormente, el 18 de julio de 2013, se emitieron acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por un importe de 51.496,62 euros y 60.675,47 euros respectivamente, que también fueron notificados a la acusada el 8 de agosto de 2013.

Según la acusación, María Margarita García García, consciente de que estaba siendo investigada por la AEAT, contactó con varios familiares para llevar a cabo diversas operaciones con el objetivo de evadir la responsabilidad de pago y dificultar la recuperación de la deuda por parte de la Agencia Tributaria. La Fiscalía detalla un total de trece operaciones en las que participaron sus hijos, su hermana y otras personas, con el fin de generar una situación de insolvencia que hiciera imposible el cobro de los créditos reclamados por la AEAT.

Hasta la fecha de diciembre de 2017, quedaba un saldo pendiente de pago de 143.902,24 euros.