La UCP alcanza ya las 70 inspecciones de viviendas sospechosas en Lorca

Durante el último mes, 10 nuevos inmuebles han sido inspeccionados por la Policía Local

Desde su arranque, la Unidad ha generado la apertura de 19 expedientes de baja de oficio

Asimismo, ha llevado a cabo un total de 65 requerimientos, entre propietarios y ciudadanos, ejecutando ya un expediente sancionador

10 de noviembre de 2023. El último balance aportado por la Unidad de Control del Padrón no deja lugar a dudas de los avances realizados en su lucha por detectar y combatir todas aquellas irregularidades cometidas por los ciudadanos en relación a sus obligaciones con respecto al Padrón Municipal.

“Los informes dejan claros estos progresos. A día de hoy, la UCP ha llevado a cabo un total de 70 inspecciones en inmuebles, con sus correspondientes expedientes de comprobación de empadronamientos y de información previa por tratarse de domicilios con ocho o más personas empadronadas”, indicaba la edil de Control del Padrón, María Belén Pérez Martínez, tras la reunión de trabajo habitual, mantenida ayer, y en la que participan de manera conjunta Urbanismo, Policía Local, Secretaría general y Estadística.

“Concretamente, en este último mes (y a día de hoy) han sido 10 las inspecciones efectuadas en viviendas que presentaban sospechas de anomalías en el Padrón Municipal”.

Asimismo, hasta la fecha y desde su arranque el pasado mes de junio, la Unidad ha generado la apertura de 19 expedientes de baja de oficio, esto es el reconocimiento de los órganos competentes de la irregularidad llevada a cabo.

Destaca, dentro del balance de actividad de la UCP, el número de requerimientos realizados desde su puesta en marcha, un total de 65, entre propietarios y ciudadanos a quienes se ha solicitado que lleven a cabo los trámites necesarios para regularizar su situación (como acometer las gestiones relacionadas o aportar la documentación justificativa pertinente, entre otros).

“Cabe mencionar, que algunos de estas solicitudes de comparecencia se encuentran aún dentro del plazo que marca la Ley para ser contestadas (10 días hábiles), por lo que optan aun a regularizar su situación”, aclaraba Pérez.

No obstante, “también existen varios expedientes en los que estos requerimientos, tanto de propietarios como de ciudadanos, no han sido atendidos en el plazo otorgado, lo que ha dado lugar a informes cuyas conclusiones proponen el traslado a la unidad de sanciones por si fueran susceptibles de apertura de expediente sancionador”.

En esta línea, ya se ha abierto un expediente de este tipo a un ciudadano por inexactitud en la declaración sobre el domicilio de otra persona, en virtud de lo dispuesto en el Art 24 de la ordenanza de Gestión de Padrón.

“Cabe recordar que todas aquellas personas que incumplan sus obligaciones en relación al Padrón de habitantes se pueden enfrentar no sólo a un expediente de depuración, que supone el requerimiento para que justifiquen y regularicen su situación, sino que -si vuelven a incidir y a reiterar la infracción- pueden protagonizar un expediente sancionador, como es el caso, y enfrentarse a sanciones económicas, que, recordemos, están tipificadas como leves, graves y muy graves, yendo desde los 750 euros a los 3.000 euros”.

Asimismo, gracias al carácter transversal de la Unidad, el Servicio Municipal de Urbanismo continúa realizando numerosas visitas, con el fin de detectar posibles infracciones urbanísticas en viviendas.

De hecho, a los cinco expedientes administrativos abiertos por el Ayuntamiento, el pasado mes de octubre, por obras sin licencia, se suma uno más, con lo que ya son seis los promotores que pueden enfrentarse a una orden de demolición por haber vulnerado el Ordenamiento Urbanístico vigente. “Recordemos que modificar el uso de edificaciones a través de la ejecución de distintas obras, sin ningún tipo de autorización administrativa, no está permitido. Estos promotores se enfrentan a una orden de derribo de lo ejecutado sin licencia; y, en caso de incumplimiento por su parte, será el propio Ayuntamiento quien proceda a ello, quedando el propietario sujeto al pago de los costes”.

Belén Pérez insistía en que “este nuevo caso vuelve a poner de manifiesto el carácter colaborativo de la UCP, en la que concurren Urbanismo, Policía Local, Secretaría General y Estadística, permitiendo que se comparta información desde cada una de las áreas, sacando a la luz posibles incumplimientos, como estos”.

Y volvía a hacer un llamamiento a la ciudadanía, animando a “los lorquinos a alertar sobre cualquier sospecha o falsedad, pues es fundamental la participación ciudadana en la lucha contra la infravivienda y la inclusión de aquellos que viven en esas circunstancias, todo en aras de desmontar el modelo de ciudad dormitorio que se ha extendido por algunos de los lugares del casco urbano y las pedanías”.