Región de Murcia
Antelo presenta dos requerimientos para la suspensión de la ‘rave’ ilegal de Fuente Álamo y anuncia una denuncia ante la Fiscalía
Solicita que se proceda a acordar la suspensión de esta actividad ilegal conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 3/2023 de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia
El vicepresidente ha asegurado que «no puede ser que en una parte de la Región de Murcia no se aplique la ley»
El vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha firmado dos requerimientos para la suspensión de la ‘rave’ ilegal que desde el pasado viernes se viene celebrando en el circuito de carreras de Fuente Álamo y que ha llegado a congregar a más de 8.000 personas.
En ambos requerimientos, uno destinado a la Delegación del Gobierno y otro al Ayuntamiento de la localidad, el vicepresidente solicita que se proceda a acordar la suspensión de las actividades que se están desarrollando conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 3/2023, de 5 de abril, de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia.
“Hemos solicitado en dos requerimientos que se aplique la ley de una vez por todas”, ha asegurado Antelo, quien también ha denunciado que “no puede ser que en una parte de la Región de Murcia no se aplique la ley”.
Por ello, ha remarcado que en base al artículo 36 del Sistema Nacional de Protección Civil, la Delegación del Gobierno “está obligada a cooperar con el Gobierno regional y no lo está haciendo”. “También incidimos en la aplicación del artículo 31 de la Ley de Emergencias de la Región de Murcia, solicitando de manera inmediata la suspensión de esa fiesta ilegal”, en este caso a la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez.
Además, el vicepresidente del Ejecutivo regional ha anunciado que el equipo jurídico de su Consejería ha estado trabajando en la documentación de los distintos delitos que ya se han cometido durante la celebración de esta fiesta ilegal para remitirlo todo a la Fiscalía “para que estudie posibles responsabilidades de aquellos que no quieren aplicar la ley”.
Durante todo este tiempo se han emitido más de 150 sanciones administrativas, 47 sanciones por test de drogas y 90 sanciones por tenencia de drogas. Del mismo modo, se ha detenido a un ciudadano de nacionalidad brasileña por tráfico de drogas al que se le incautaron 90 dosis de LSD cartón y 4.1 gramos de LSD líquido.
