Lorca inicia las primeras demoliciones y sanciones por infraviviendas y empadronamientos fraudulentos

El Ayuntamiento actúa con autorización judicial para eliminar construcciones ilegales y multar hasta con 100.000 euros a los infractores

Lorca, 16 de mayo de 2025. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha anunciado el inicio de las primeras demoliciones de edificaciones ilegales utilizadas como infraviviendas, así como la imposición de sanciones económicas de hasta 100.000 euros a sus propietarios. Las actuaciones se enmarcan en el trabajo que lleva a cabo la Unidad de Control del Padrón, un servicio impulsado por el Ayuntamiento para combatir el hacinamiento, la insalubridad y el fraude en el empadronamiento.

“Vamos a ser implacables. No vamos a permitir volver al modelo de ciudad dormitorio ni este tipo de prácticas inhumanas en nuestro municipio”, ha afirmado Gil. Entre las medidas ya ejecutadas se encuentra la demolición de cinco inmuebles ilegales en una zona de huerta cercana al casco urbano, tras obtener autorización judicial para entrar en los domicilios.

Estas viviendas, según ha detallado el primer edil, carecían de las condiciones mínimas de habitabilidad, como ventilación, iluminación o distribución adecuada, generando situaciones insalubres para sus ocupantes. El coste de la demolición ha recaído sobre el infractor.

Además, el Ayuntamiento ha puesto el foco sobre numerosos trasteros reconvertidos en viviendas en azoteas de edificios, que también incumplen la normativa urbanística y sanitaria. Estas infracciones quedarán registradas como cargas en el Registro de la Propiedad.

La Unidad de Control del Padrón ha iniciado desde su creación 452 expedientes de comprobación, lo que ha derivado en 264 bajas de oficio, 218 cambios de domicilio y 67 altas. La Policía Local ha identificado a más de 1.100 personasempadronadas de forma presuntamente irregular, no pudiendo localizar a otras 320 que no residían en los domicilios donde figuraban empadronadas.

En total, se han incoado 75 expedientes sancionadores, 38 de ellos en lo que va de 2025, con multas que oscilan entre los 375 y los 3.000 euros. El servicio se ha reforzado con dos nuevos agentes censales y un arquitecto técnico, y continúa operando su canal de denuncias por WhatsApp (608 87 72 04), que permite comunicaciones anónimas.

Gil Jódar ha reiterado su intención de que el empadronamiento fraudulento sea tipificado como delito en el ordenamiento jurídico español, con penas de cárcel y sanciones económicas: “Quienes se lucran con estas prácticas y quienes las facilitan deben ser procesados”, ha sentenciado.