España
Rosa Medina: “Es el momento de que Pedro Sanchez asuma su responsabilidad política”
El Ayuntamiento de Lorca aprobó ayer en su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio una moción conjunta presentada por el Grupo Municipal Popular y VOX, en la que se exige la dimisión inmediata del Gobierno de Pedro Sánchez y la convocatoria urgente de Elecciones Generales. La propuesta ha contado con los votos favorables de ambas formaciones, mientras que PSOE e Izquierda Unida-Verdes han votado en contra.
Con esta decisión, Lorca se suma a otras administraciones locales que reclaman una “regeneración democrática real” ante lo que consideran una grave crisis institucional y un ataque sin precedentes al Estado de Derecho y a la democracia española.
Durante la sesión, la portavoz del equipo de Gobierno, Rosa María Medina, defendió la moción alegando que el actual Ejecutivo central ha incurrido en una “instrumentalización partidista de las instituciones, presiones a los jueces y medios de comunicación, cesiones continuas al independentismo, sospechas de financiación irregular y escándalos de corrupción que alcanzan incluso al entorno del presidente”.
“Estamos ante una auténtica tragedia democrática. No podemos mirar hacia otro lado. Representamos a miles de ciudadanos que creen en una España libre, justa y unida”, declaró Medina. “Es el momento de que Pedro Sánchez asuma su responsabilidad política. No hay democracia sin legalidad ni transparencia. Exigimos elecciones urgentes… y limpias”, añadió.
La moción también denuncia el supuesto desprestigio internacional de España y la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, al tiempo que demanda un proceso de regeneración democrática profunda.
El acuerdo aprobado incluye dos puntos principales:
Instar al presidente del Gobierno a disolver las Cortes Generales y convocar Elecciones Generales.
Comunicar este acuerdo formalmente al Ejecutivo a través de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.
Desde el equipo de Gobierno local insisten en que esta decisión responde a su responsabilidad como representantes públicos de defender los principios constitucionales y el buen funcionamiento democrático, ante lo que consideran “una deriva peligrosa del Gobierno de la Nación”.
