Álvaro García Ortiz presenta su renuncia como fiscal general del Estado tras ser condenado por revelación de secretos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos que afectó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, García Ortiz señala que su decisión responde al “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y a la voluntad de “proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales”. Afirma que, sin esperar a conocer la motivación completa de la sentencia, entiende que debe abandonar el cargo tras el fallo del alto tribunal.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que su renuncia es “un acto debido” tanto al Ministerio Fiscal como al conjunto de la ciudadanía. Subraya también su “convencimiento” de haber servido fielmente a la institución con “vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. Además, agradece al Gobierno la confianza depositada en su nombramiento.

Hasta que el Ejecutivo designe a un nuevo fiscal general del Estado, función que el ministro Félix Bolaños ya anunció que se abordaría de inmediato, la dirección de la Fiscalía recaerá en la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, considerada persona de máxima confianza de García Ortiz y quien ejerció la acusación en el juicio defendiendo su inocencia.

Una condena sin unanimidad

La sentencia del Tribunal Supremo impone a García Ortiz dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros a González Amador por daños morales. La resolución queda lejos de las penas solicitadas por las acusaciones, que reclamaban hasta seis años de prisión y cuantías superiores en multas e indemnizaciones.

El fallo no fue unánime: cinco magistrados —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela— respaldaron la condena, frente al voto discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Esta última era la ponente inicial de la sentencia, pero su desacuerdo obligó a que el magistrado Martínez Arrieta asumiera la redacción del texto.

El tribunal, de mayoría conservadora, dictó el fallo apenas una semana después de concluir un juicio histórico, al tratarse de la primera vez que un fiscal general del Estado era juzgado en el ejercicio de su cargo. Por ahora solo se conoce un párrafo de la sentencia, pendiente de publicación íntegra.

Un retorno incierto a la carrera fiscal

Tras su renuncia, García Ortiz deberá solicitar su reingreso en la carrera fiscal, ya que se encontraba en situación de “servicios especiales”. Sin embargo, diversas fuentes jurídicas advierten de que este proceso podría ser complejo debido a la condena de inhabilitación.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento de la Fiscalía contemplan la pérdida de la condición de fiscal cuando existe una condena por delito doloso o una pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público. Será la Inspección Fiscal la encargada de abrir un procedimiento de rehabilitación y elaborar un informe que, una vez escuchado el Consejo Fiscal, deberá ser remitido al Ministerio de Justicia para su resolución.

Las fuentes consultadas apuntan a que será necesario conocer la sentencia completa para determinar con precisión el alcance de la inhabilitación y su posible impacto en el futuro profesional de García Ortiz.