Sánchez desvincula al PSOE de llevar el caso Salazar a la Fiscalía y admite errores en la gestión interna de las denuncias

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció ayer que su partido cometió un “error” al tardar varios meses en contactar con las denunciantes del exdirigente socialista Francisco Salazar, investigado internamente por presuntos casos de acoso sexual. Atribuyó este retraso a la falta de personal en la recién creada Oficina contra el Acoso del partido, aunque defendió que el procedimiento aún se encuentra dentro del plazo de seis meses previsto por el protocolo interno.

En declaraciones informales a los periodistas durante el acto institucional por el 47 aniversario de la Constitución, Sánchez rechazó que el PSOE traslade estas denuncias anónimas a la Fiscalía —tal y como reclama la exvicesecretaria general Adriana Lastra— al considerar que esa decisión debe corresponder a las propias víctimas. Aseguró que, si deciden acudir a la Justicia, “contarán con todo el apoyo” del partido.

El presidente afirmó no haber tenido conocimiento previo de los comportamientos atribuidos a Salazar, quien ocupó distintos cargos de asesor en La Moncloa durante su mandato. Subrayó que no mantiene contacto con él desde que fue apartado en julio, cuando surgieron las primeras acusaciones a través de los medios de comunicación. Sánchez recordó que la Presidencia del Gobierno cuenta desde 2018 con un protocolo antiacoso, por el que no se ha recibido ninguna denuncia, y que las afectadas optaron por acudir al canal interno del partido.

El líder socialista defendió además el funcionamiento de la Oficina contra el Acoso, activa desde mayo, y destacó su autonomía respecto a la dirección del PSOE. También pidió comprensión hacia los trabajadores de Ferraz, que están dedicando tiempo y recursos a atender los requerimientos del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, admitió que el partido “no ha sido diligente” y que debería haber acompañado más de cerca a las denunciantes. Aseguró que este caso obliga a revisar los procedimientos internos y reiteró que, una vez concluya el expediente, se decidirá si corresponde elevarlo a la Fiscalía. También negó rotundamente que se haya intentado proteger a Salazar o facilitarle un nuevo destino laboral.

Montero comparó este asunto con el del exsecretario general socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, un caso en el que, según afirmó, sí se actuó de manera adecuada. Explicó que incluso ha mantenido contacto directo con la denunciante, quien acudió a la Fiscalía por motivos de seguridad, y no por desconfianza hacia los cauces internos del partido.