El Gobierno de Lorca defiende su gestión en la contratación de la Banda de Música y acusa al PSOE de haber mantenido un modelo ilegal

El Ayuntamiento de Lorca ha salido al paso de las críticas vertidas por el PSOE sobre la contratación de la Banda de Música, defendiendo una vez más su actuación en materia de contratación pública y recordando que no existe una Banda Municipal de Música como consecuencia directa de la gestión socialista durante sus años de gobierno.

Tras las declaraciones realizadas por la concejal socialista Isabel María Mazuecos, fuentes municipales aseguran que el PSOE vuelve a recurrir a la manipulación y tergiversación de la realidad para ocultar su responsabilidad en una situación que, subrayan, es fruto de una gestión irregular, insostenible y contraria a la legalidad.

Desde el Consistorio recuerdan que el anterior gobierno socialista permitió y sostuvo durante años un modelo absolutamente irregular, pese a los informes emitidos por la Intervención municipal, una situación que nunca fue regularizada. “La señora Mazuecos conocía perfectamente esa irregularidad”, aseguran fuentes municipales.

El Ayuntamiento considera especialmente grave que quien fue plenamente consciente de esta situación pretenda ahora erigirse en defensora de la Banda, cuando durante su mandato se justificó un supuesto convenio que incluía nóminas sin cotización a la Seguridad Social, lo que derivó posteriormente en una reclamación de 437.000 euros por regularización retroactiva de cuotas, atribuida directamente a aquella dejadez.

En este sentido, desde el Gobierno municipal señalan que hablan ahora de ‘liquidación’ quienes dejaron un modelo ilegal y económicamente ruinoso, y de “desprotección cultural” quienes no adoptaron ninguna medida para proteger jurídicamente ni a los músicos ni a la propia Banda.

El Ayuntamiento insiste en que la actual gestión se basa en el rigor jurídico, la transparencia, la responsabilidad económica y el cumplimiento estricto de la ley, destacando que el nuevo pliego de condiciones supone un ahorro de 300.000 euros respecto al modelo heredado, que no se ajustaba a la legalidad y colocó al Consistorio al borde de un grave problema económico y jurídico.

Asimismo, fuentes municipales recuerdan que el Ayuntamiento no puede imponer condiciones laborales concretas a una empresa adjudicataria, más allá de lo establecido en el pliego, ni interferir en relaciones contractuales privadas, ya que hacerlo supondría vulnerar la legalidad vigente.

Por último, desde el Gobierno local consideran “cínico” que el PSOE asegure ahora que no cuestiona la legalidad del procedimiento, cuando —afirman— lo que realmente les incomoda es que se esté ordenando una situación que ellos dejaron en caos. “La cultura de Lorca se defiende con hechos, cumpliendo la ley y actuando con responsabilidad, no con declaraciones para ocultar errores del pasado”, concluyen.