El cajón del Gobierno regional de Murcia

Opinión

El siguiente texto es un artículo de opinión firmado por José García Martínez y publicado originalmente en el medio murcia.com, que reproducimos en Periódico El Lorquino por su interés informativo y por la relevancia del debate que plantea para el sector primario de la Región de Murcia.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor.

La agricultura y la ganadería de la Región de Murcia afrontan en 2026 una crisis multisectorial sin precedentes. Una situación marcada por la escasez de agua como consecuencia directa del recorte del trasvase Tajo-Segura, el cierre de pozos y las restricciones a los acuíferos. A todo ello se suma la falta de relevo generacional, la competencia desleal de terceros países como Marruecos, el acuerdo con MERCOSUR, los recortes de la PAC, la ausencia de infraestructuras hidrológicas y la pérdida constante de rentabilidad.

El resultado es devastador: abandono de cultivos, cierre de explotaciones ganaderas y un desplome de más del 50 % en la producción de ovino.

Ante este panorama, cabría esperar un Gobierno regional plenamente alineado con su sector primario. Sin embargo, ocurre justo lo contrario. El Ejecutivo autonómico, de la mano del Partido Popular a nivel nacional, sigue imponiendo nuevas trabas a agricultores y ganaderos mientras proclama, sin rubor, que está de su lado. Una afirmación difícil de sostener cuando, acto seguido, se legisla en su contra.

Un ejemplo claro fue la Ley 3/2020 de protección y recuperación del Mar Menor, aprobada con prisas y señalando al agricultor como culpable universal del estado de la laguna. Once capítulos, doce disposiciones adicionales, ocho transitorias, una derogatoria y nueve finales. Un texto denso y farragoso que, lejos de resolver los problemas, generó otros nuevos.

Ahora, presionados por Vox, se anuncian modificaciones en el régimen sancionador para adaptarlo al marco nacional, menos lesivo que el regional, una cierta flexibilización en materia de nitratos y la promesa de mejorar depuradoras y saneamientos urbanos. Medidas que, sin duda, van en la buena dirección, pero que llegan tarde y mal. Lo sensato habría sido redactar desde el principio una nueva ley del Mar Menor, bien estructurada y consensuada con las organizaciones agrarias y con todos los partidos políticos de la Región. Pero eso exige diálogo, y el diálogo no parece estar de moda.

A este escenario se suma el nuevo decreto de zonas vulnerables, especialmente tras conocerse sus borradores. Restricciones generalizadas a la actividad agrícola y ganadera, ampliación de la normativa a toda la Región más allá del Campo de Cartagena, periodos de exclusión y severas limitaciones en el uso de fertilizantes minerales y materia orgánica. Todo ello asfixia explotaciones, reduce la rentabilidad y complica la producción hasta extremos difíciles de asumir.

Además, se impone una monitorización exhaustiva de la fertirrigación, con sondas de succión y libros de registro detallados, mientras se margina a los ingenieros agrónomos de los planes de abonado. Una curiosa forma de proteger el medio ambiente: apartando precisamente a los profesionales que más saben de él.

Y cuando parecía que el listón ya estaba suficientemente alto, llega el decreto de protección de la tortuga mora, que afecta a más de 169.000 hectáreas y establece 21 corredores ecológicos. Un proyecto que, en su versión inicial, destinaba más de 2.040.000 euros en seis años a entidades ecologistas. Una hoja de ruta clara, aunque no precisamente la del agricultor.

Resulta llamativo que se pretenda sacrificar la agricultura y la ganadería para salvar a un Testudo del que, según diversos estudios, ni siquiera se conoce con exactitud el número de ejemplares existentes, mientras algunos estarán bien financiados durante seis años.

A pesar de todo, al Partido Popular se le sigue llenando la boca de elogios al sector primario. Palabras, muchas. Hechos, pocos. Y para rematar, se escuchan a candidatos populares afirmar en campaña que, si gobiernan Aragón, no habrá trasvase del Ebro al Levante español. Un debate inexistente que solo sirve para buscar votos enfrentando territorios.

Y así, mientras los problemas reales del campo murciano se acumulan, la respuesta del PP regional parece ser siempre la misma. Cuando un agricultor o ganadero se acerca para exponer sus preocupaciones, el político de turno le agarra del brazo, le mira a los ojos y le dice: “todo esto lo guardo en el cajón”.

Y en ese cajón sigue, mientras el campo se vacía.