VOX lleva a la Asamblea una iniciativa contra lo que considera una ofensiva a la libertad de expresión

Alberto Garre advierte de que este derecho “se encuentra hoy gravemente amenazado” por una nueva arquitectura normativa

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado de forma simultánea una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, el Senado y en los distintos parlamentos autonómicos, incluida la Asamblea Regional, con el objetivo de frenar lo que considera una “ofensiva sin precedentes” contra la libertad de expresión impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y alineada, según la formación, con directrices de la Unión Europea.

El diputado regional de VOX, Alberto Garre, ha asegurado que “la libertad de expresión, pilar esencial de toda sociedad libre y democrática, se encuentra hoy gravemente amenazada por una arquitectura normativa y política que pretende someter el discurso público al control administrativo y al criterio ideológico del poder”.

Garre ha recordado que el artículo 20 de la Constitución Española reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental, garantizando la libre manifestación de ideas y opiniones, la libertad de información, la libertad de cátedra y la libertad de creación, además de prohibir la censura previa. En este sentido, ha subrayado que se trata “no solo de un derecho individual, sino de un presupuesto indispensable para la participación política y el control del poder”.

Desde VOX denuncian que en los últimos años se ha producido, a su juicio, “un cambio de paradigma preocupante” tanto en España como en el seno de la Unión Europea, citando normas como el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Mercados Digitales o el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Según Garre, bajo el argumento de combatir la desinformación se habrían introducido mecanismos que desplazan el control judicial hacia decisiones de carácter administrativo.

El parlamentario regional también ha advertido de la intención del Ejecutivo central de ampliar competencias a autoridades dependientes del poder ejecutivo para supervisar y sancionar a plataformas digitales y medios de comunicación. “Que una autoridad administrativa decida qué contenidos son aceptables o qué se considera desinformación supone un riesgo gravísimo para el Estado de Derecho”, ha afirmado.

Asimismo, ha criticado el uso del denominado “delito de odio”, que, según ha manifestado, estaría siendo aplicado de forma expansiva para perseguir opiniones políticas o ideológicas. En su intervención, Garre ha señalado que esta situación genera “inseguridad jurídica y un clima de autocensura”.

La iniciativa presentada por VOX plantea rechazar cualquier mecanismo que, a su entender, implique censura en redes sociales o limitaciones a la libertad de expresión; garantizar el derecho a expresar y difundir libremente ideas y opiniones; y promover medidas para combatir la denominada “cultura de la cancelación” cuando esta se utilice para silenciar posiciones discrepantes.

Con esta proposición no de ley, la formación busca abrir un debate institucional sobre los límites y garantías del derecho a la libertad de expresión en el actual contexto normativo y digital.