VOX carga contra “los despachos de Bruselas” y defiende rallyes y tradiciones en Sierra Espuña

Garre reclama compatibilizar la protección del parque con la economía y la identidad de Totana

El diputado regional de VOX en la Asamblea Regional, Alberto Garre, ha defendido la necesidad de compatibilizar la protección del Parque Regional de Sierra Espuña con las tradiciones, la cultura y el desarrollo económico de los municipios afectados, especialmente Totana.

Lo ha hecho durante el Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 6/1995, relativa a los límites del parque, donde ha asegurado que en esta iniciativa “se cruzan condiciones religiosas, tradiciones populares y una legislación que, en ocasiones, lejos de facilitar las cosas, las complica innecesariamente”.

Garre ha criticado que “desde despachos alejados de nuestra realidad, como los de Bruselas, se pretenda imponer una visión ideológica que, al amparo de la Agenda 2030, busca limitar actividades profundamente arraigadas en nuestros pueblos, como los rallyes y otras manifestaciones tradicionales”.

En esta línea, ha afirmado que “los bucólicos funcionarios de Bruselas quieren arramblar con todo aquello que forma parte de nuestra identidad, imponiendo restricciones que no tienen en cuenta la realidad social, cultural y económica de municipios como Totana”.

“La persona es el elemento más importante del medio ambiente”

Durante su intervención, el parlamentario ha defendido que “la persona es el elemento más importante del medio ambiente”, por lo que considera imprescindible encontrar un equilibrio entre la conservación del entorno natural y el desarrollo de las actividades tradicionales.

Según Garre, las tradiciones que forman parte de la identidad de los vecinos “no pueden quedar al albur de políticas diseñadas fuera de España, sin escuchar a quienes viven, trabajan y mantienen vivo nuestro entorno rural”.

VOX ha reiterado así su apuesta por una gestión equilibrada del Parque Regional de Sierra Espuña, que garantice su conservación pero que también permita el mantenimiento de actividades tradicionales y el impulso de la economía local, evitando que la normativa se convierta —según el grupo— en un obstáculo para los habitantes del territorio.