VOX y PP se plantan en Lorca: exigen frenar la regularización de presos extranjeros

Los grupos municipales de VOX y Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca han registrado una moción conjunta de urgencia para exigir al Gobierno de España la paralización inmediata del proceso de regularización de internos extranjeros en centros penitenciarios, al considerar que supone un riesgo para la seguridad y el orden público.

La iniciativa surge tras las comunicaciones del Ministerio del Interior dirigidas a prisiones para informar y facilitar a los reclusos extranjeros el acceso a un proceso extraordinario de regularización. Según ambos grupos, esta medida “trasciende lo administrativo” y conlleva importantes implicaciones jurídicas, sociales y políticas.

Críticas por incluir a presos preventivos
El texto de la moción alerta de que entre los posibles beneficiarios se encuentran internos en prisión preventiva, es decir, personas privadas de libertad por decisión judicial ante indicios de delitos graves. VOX y PP subrayan que, según sus datos, alrededor del 85% de estos casos acaba en condena firme, lo que califican de “despropósito”.

Ambas formaciones advierten además de que la regularización administrativa genera arraigo, un factor que podría dificultar futuras expulsiones del territorio nacional. A su juicio, esta política podría “consolidar la permanencia en España de personas que podrían haber cometido delitos graves”.

Impacto en servicios públicos y seguridad
La moción enmarca esta decisión dentro de una política migratoria más amplia que, según defienden, estaría provocando una mayor presión sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad, así como un incremento del gasto, dificultades de acceso a la vivienda y un deterioro de la seguridad en determinados entornos.

La concejal de VOX, María Teresa Ortega, ha calificado la medida de “absolutamente irresponsable” y ha asegurado que “rompe con cualquier lógica jurídica” y genera “una profunda sensación de injusticia entre los ciudadanos”.

Por su parte, la edil del PP, Belén Pérez, en nombre de la secretaria general del grupo municipal, Rosa María Medina, ha criticado que el Gobierno haya impulsado esta regularización mediante acuerdo del Consejo de Ministros, “eludiendo el debate parlamentario”.

Petición formal al Gobierno
La moción solicita que el Ayuntamiento inste al Ejecutivo central a dejar sin efecto este proceso extraordinario de regularización, incluyendo expresamente a los internos en prisión preventiva, al considerar que afecta a la convivencia, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de los servicios públicos.

VOX y Partido Popular defienden que las administraciones locales deben posicionarse ante decisiones que impactan directamente en los municipios y han reclamado una política migratoria basada en el control de fronteras, la legalidad y la seguridad jurídica.