VOX Lorca denuncia “caos e improvisación” en el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno

Lorca, 28 de abril de 2026. La concejal de VOX en Lorca, María Castillo, ha denunciado este martes la situación de “caos, improvisación y falta de control” que, a su juicio, ha generado la entrada en vigor del real decreto que regula el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de la Nación.

Las declaraciones se han producido tras la reunión convocada por la Delegación del Gobierno en Murcia, a la que han sido llamados los municipios de la Región apenas doce días después de la aplicación de la norma. Según Castillo, la emisión de hasta tres circulares en menos de dos semanas ha incrementado la confusión, evidenciando, en su opinión, una planificación deficiente desde el inicio.

Desde VOX Lorca sostienen que esta medida está provocando inseguridad jurídica y una aplicación desigual del procedimiento, además de generar un posible “efecto llamada”. La edil ha mostrado el rechazo de su formación a este modelo, al considerar que “incentiva la irregularidad y traslada la carga a los ayuntamientos sin medios ni garantías”.

Asimismo, ha criticado que la falta de criterios claros y homogéneos “abre la puerta a la arbitrariedad y la discrecionalidad”, dejando en manos de terceros un proceso que, según VOX, carece de control efectivo.

No obstante, Castillo ha subrayado que, pese a su postura contraria, desde la Concejalía de Servicios Sociales de Lorca se está actuando con responsabilidad institucional, estableciendo un procedimiento propio que incluye registro de solicitudes, cita previa, entrevistas personales y elaboración de informes de vulnerabilidad.

La concejal también ha alertado de posibles irregularidades por parte de algunas entidades privadas, denunciando que existen casos en los que se emiten informes sin verificación real, lo que, a su juicio, agrava el descontrol del proceso.

Por todo ello, VOX Lorca ha exigido al Gobierno de España la retirada del actual modelo de regularización y la implantación urgente de criterios claros que garanticen la legalidad y eviten desigualdades entre territorios.

“Los ayuntamientos no pueden asumir las consecuencias de la falta de planificación del Ejecutivo”, ha concluido la edil.