El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, a abrir «investigaciones específicas» sobre las actuaciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre, tras las imágenes difundidas de las cargas policiales registradas durante las movilizaciones.
Según fuentes del Ministerio del Interior, estas investigaciones se llevarán a cabo con independencia de las inspecciones internas que la Policía Nacional realiza habitualmente para evaluar si sus actuaciones se ajustan a la normativa vigente.
Además, Marlaska ha ordenado que, en los próximos dispositivos de control de manifestaciones, no se utilice gas lacrimógeno.
47 detenidos durante la jornada de huelga
El balance provisional del Ministerio del Interior recoge que, hasta las 23:00 horas del día de la huelga, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían comunicado un total de 1.144 incidencias y 47 detenciones relacionadas con las movilizaciones.
Por territorios, se contabilizaron 20 detenidos en Madrid, seis en Valencia, cuatro en Málaga, cuatro en Almería, tres en Granada, dos en Zamora y tres en Castellón. También se registró una detención en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y A Coruña.
Estas cifras son provisionales y no incluyen los datos correspondientes a Cataluña y el País Vasco.
Bolaños descarta el cese de Marlaska
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado el cese de Grande-Marlaska al frente de Interior, pese a las críticas recibidas por las actuaciones policiales durante la huelga.
En una entrevista en RNE, Bolaños ha reconocido que algunas imágenes de las intervenciones policiales no le han «gustado», aunque ha señalado que serán los mandos policiales quienes deberán determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza durante las movilizaciones.
Asimismo, ha defendido que la nota predominante de la jornada fueron las manifestaciones pacíficas y cívicas, en las que participaron decenas de miles de personas para reclamar el derecho a la vivienda y salarios que permitan mejorar la calidad de vida.