Investigan si el dueño de la finca cometió homicidio imprudente

La Guardia Civil investiga, a petición del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, todas las circunstancias que posibilitaron que Julen se precipitase a través del pozo ilegal de Totalán (Málaga) y falleciese víctima de la caída el pasado 13 de enero. Los esfuerzos del Instituto Armado se centran en determinar el grado de responsabilidad del propietario de la finca, de nombre David, y del pocero, Antonio Sánchez, por haber acometido un pozo y una serie de obras ilegales. Los agentes pretenden saber si pudieron incurrir en un presunto delito de homicidio imprudente, castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel.

Los investigadores ya han tomado declaración a ambas personas y se encuentran analizando sus testimonios y recabando pruebas para averiguar si eran conocedores de que la prospección estaba mal sellada y suponía un riesgo para la integridad de Julen y el resto de personas que participaron en un almuerzo familiar organizado por el dueño de la parcela y novio de la prima del padre del niño.

La juez, María Elena Sancho, ya tiene en su poder un detallado informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y atestados de la Policía Judicial de Vélez-Málaga donde queda acreditado que tanto el pozo que se abrió el 18 de diciembre, como las obras que se realizaron en los días previos al suceso, no tenían ningún tipo de autorización de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Totalán.

Los agentes también han confirmado que ni en las obras ni en aquella reunión familiar se tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles accidentes. Es por esta razón por la que no descartan que el propietario de la parcela y promotor de aquellos trabajos ilegales haya podido incurrir en el delito de homicidio imprudente. «Será la juez la que lo determine, pero nosotros vemos que el dueño de la finca era conocedor de la existencia del pozo y encargó unas obras ilegales que movieron la gran piedra que usó el pocero para sellarlo. Decidió organizar allí una paella familiar con niños pequeños sin poner medidas de seguridad que evitasen que alguien se pudiese caer. Ni había señalizaciones ni nada. Convocó a su familia en una zona de obras ilegales sin seguridad alguna y a pocos metros de la zanja donde estaba el pozo», explica a este diario uno de los agentes encargados de la investigación.

«Queda por aclarar si era consciente de que ese pozo estaba abierto o tapado, pero sí sabía que había un pozo en aquella zanja donde él decidió meter maquinaria para hacer un muro de contención que protegiese a su futura casa de posibles desprendimientos de la montaña. Había rebajado la montaña ganándole terreno y hecho una explanada donde creemos que pretendía hacerse una vivienda», continúa este agente.

Sobre el grado de responsabilidad penal del pocero, los investigadores tienen más dudas. «Este hombre al menos hizo un esfuerzo por tapar aquel pozo con una piedra. Tendría que haber cerrado el pozo de forma hermética y haber solicitado los permisos, pero no es responsable de que el dueño decidiese hacer a posteriori unas obras que movieron aquella piedra. La juez tendrá que valorar todo, pero es más probable que le caiga una fuerte sanción administrativa. En algunos casos de pozos ilegales que hemos detectado hemos multado con 6.000 euros, pero en este caso al haber habido una muerte la sanción será mucho mayor», comentan responsables de la investigación.

En sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil tanto el pocero como el dueño de la parcela se responsabilizaron mutuamente de la falta de permisos. «El pocero nos dijo que el dueño le había dicho que tenía todos los permisos y David que el pocero le había comentado que estaba todo en regla», comenta un agente.

A las posibles responsabilidades penales que podrían caerle a los artífices de las negligencias que posibilitaron la muerte de Julen habría que sumarle la responsabilidad civil. Es decir, la sanción económica por los daños causados a la familia si esta decidiese personarse en la causa o lo reclamase alguna de las partes implicadas. El montante dependería del baremo que establezca la compañía aseguradora por el fallecimiento de un familiar directo. A ello se le podría añadir la posibilidad de que la Abogacía del Estado se persone en el caso y reclame a los investigados el coste de la operación de rescate a Julen, que estaría en torno a los dos millones de euros, según fuentes próximas al operativo.