El Ayuntamiento de Lorca exige el cese del fiscal general y rechaza los ataques a la libertad de prensa

27 de enero de 2025. El Ayuntamiento de Lorca, liderado por el alcalde Fulgencio Gil, ha aprobado en el Pleno Ordinario de enero una moción que reclama el cese inmediato del fiscal general del Estado y exige la retirada de la propuesta de ‘Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso Derivado de Acciones Judiciales Abusivas’, planteada por el Gobierno de España.

Fulgencio Gil ha manifestado su condena ante «los graves ataques a la libertad de prensa» y el señalamiento a los profesionales de los medios de comunicación por parte del Ejecutivo central, con el presidente Pedro Sánchez al frente. «No existe democracia sin libertad de prensa, y la defensa de la democracia, la libertad de expresión y la separación de poderes deben ser una premisa en un estado de Derecho», declaró el alcalde.

El Ayuntamiento sostiene que esta ley, promovida por el PSOE, permitiría limitar el papel de la acusación popular y crearía «espacios de impunidad» para proteger a figuras cercanas al Gobierno, como el fiscal general Álvaro García Ortiz. Además, se advierte que esta reforma legal podría ser utilizada para archivar investigaciones judiciales contra personas relacionadas con el entorno del presidente.

Organizaciones como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional de la Magistratura han denunciado públicamente los riesgos de esta propuesta legislativa, alertando sobre su impacto en la independencia judicial.

El Pleno del Ayuntamiento de Lorca, con el respaldo del Partido Popular y VOX, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. Asimismo, anunció que trasladará esta posición al Gobierno de España y a las asociaciones judiciales para respaldar su labor y rechazar cualquier intromisión que limite la independencia del poder judicial y la libertad de prensa.

«Este Ayuntamiento seguirá trabajando para garantizar la democracia, el respeto a las instituciones y la protección de los derechos de los ciudadanos», concluyó Gil.