Vecinos de San Pedro protestan ante el Ayuntamiento tras el corte de luz por fraude eléctrico

Operación policial contra el fraude eléctrico deja sin luz a un centenar de vecinos en el barrio de San Pedro de Lorca

La Policía Nacional y la empresa suministradora cortan el servicio a 21 viviendas conectadas de forma ilegal, lo que provoca protestas ante el Ayuntamiento

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la empresa distribuidora de electricidad ha dejado sin luz a un centenar de vecinos del barrio de San Pedro de Lorca, tras detectarse conexiones ilegales al sistema eléctrico en 21 viviendas. La actuación, realizada ayer miércoles, responde a un riesgo inminente de incendio, según fuentes policiales, que señalan el peligro que representaban estas instalaciones irregulares para la integridad de las personas.

La medida ha generado una oleada de indignación vecinal en la zona. Este jueves, más de cincuenta personas se concentraron frente al Ayuntamiento de Lorca para exigir el restablecimiento del suministro eléctrico y buscar una solución para regularizar su situación. “Queremos luz”, gritaban los afectados, entre los que se encuentran personas mayores electrodependientes que utilizan máquinas de oxígeno y que se han quedado sin acceso a la red eléctrica.

Uno de los vecinos, Juan Moreno, lamentó que el corte se hiciera sin previo aviso y denunció que, pese a haber mostrado voluntad de regularizar el suministro, las administraciones no han ofrecido alternativas.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, accedió a escuchar a los vecinos y explicó que se trata de una situación ajena al Ayuntamiento, de la que tuvo conocimiento a través del comisario de Policía, Pedro Montiel. Aun así, instó a las familias a iniciar el proceso de legalización de los contratos.

Por su parte, Pedro Moreno, mediador entre los afectados e Iberdrola, indicó que 27 familias se han visto perjudicadas y que la empresa se ha comprometido a restablecer el servicio este mismo jueves en las viviendas donde haya personas electrodependientes. El resto de los vecinos tienen hasta el 1 de agosto para tramitar el alta legal del suministro.

Además, la Fundación Secretariado Gitano habilitará una oficina de apoyo para facilitar la documentación y el proceso de contratación.

Este no es el primer incidente de estas características en el barrio. En 2020, los vecinos ya sufrieron un corte en el suministro de agua potable por estar también conectados de forma irregular a la red pública.