Sosa: “Llevamos 13 años recibiendo las aguas fecales de Vélez Rubio en nuestro río Vélez y en el Pantano de Puentes”

Casi 7.000 vecinos de Vélez Rubio llevan 13 años vertiendo aguas fecales sin depurar a la rambla de Chirivel, conectada con el río Vélez y el Pantano de Puentes, cuyas aguas se utilizan para regadío y ganadería en Lorca.

La reciente sentencia absolutoria del alcalde de Vélez Rubio (PP) y de su concejal de Medio Ambiente, que estaban procesados por un presunto delito ecológico, ha encendido las alarmas en Lorca. La fiscalía pedía tres años de prisión, pero el juzgado de lo penal de Almería los ha absuelto.

Desde Izquierda Unida de Lorca, su portavoz Pedro Sosa ha comparecido con un impactante reportaje fotográfico para denunciar lo que considera un “atentado ecológico y sanitario continuado”.

IU exige soluciones inmediatas

Sosa ha recordado que el origen del problema se remonta a la riada de San Wenceslao de septiembre de 2012, que destrozó las tuberías que llevaban las aguas fecales hasta la depuradora del Espadín. Desde entonces, los vertidos discurren libremente por la rambla hasta el río Vélez, arrastrando residuos orgánicos, condones, celulosa y toallitas.

IU denuncia que en estos 13 años ni el Ayuntamiento de Vélez Rubio, ni la Junta de Andalucía, ni el Gobierno de España, ni la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han puesto solución definitiva al problema.

“No nos valen las multas millonarias de la CHS al Ayuntamiento de Vélez Rubio si no van acompañadas de la construcción urgente de una depuradora en condiciones”, ha subrayado Sosa, quien ha anunciado que llevará una moción al Pleno municipal de Lorca para exigir medidas contundentes.

Reclamaciones a todas las administraciones

El edil ha pedido que el Ayuntamiento de Lorca recurra la sentencia y exija a su homólogo almeriense “que deje de mandarnos la mierda de sus vecinos al río Vélez y al Pantano de Puentes”.

Asimismo, IU trasladará el asunto a la Asamblea Regional, al Congreso de los Diputados y pedirá explicaciones directas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

“Estamos ante un atentado continuado contra el medio ambiente y la salud pública. Todas las administraciones están obligadas a pronunciarse y actuar”, concluyó el portavoz.