Condenada una camarera de El Ejido por gastar más de 51.000 euros con la tarjeta de un cliente en pedidos a domicilio

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y cinco meses de prisión a una camarera de El Ejido (Almería) que utilizó sin permiso la tarjeta bancaria de un cliente para realizar casi 1.400 pedidos en una aplicación móvil de reparto, con un gasto total superior a 51.400 euros.

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron entre mayo de 2021 y julio de 2022, periodo en el que la acusada obtuvo los datos de la tarjeta mientras trabajaba como camarera en un establecimiento del municipio. Posteriormente, y de acuerdo con su pareja, vinculó esos datos a una cuenta de una ‘app’ de reparto instalada en su propio teléfono móvil y asociada a su correo electrónico personal.

De esta forma, ambos realizaron 1.385 pedidos, principalmente de comida y otros productos servidos por repartidores, con cargos directos a la tarjeta del perjudicado, quien no fue consciente de la estafa hasta más de un año después, pese a que se registraba una media de más de cien pedidos mensuales.

Durante el juicio, la mujer reconoció por primera vez haber efectuado los cargos, aunque aseguró que contaba con el “consentimiento” del cliente, alegando la existencia de una supuesta relación personal entre ambos. Sin embargo, el tribunal considera este argumento “sorpresivo” y carente de pruebas, ya que no se aportó ningún testimonio, mensaje, fotografía o conversación que lo respaldara, además de resultar incompatible con el volumen y la cuantía de los gastos.

La Sección Tercera de la Audiencia subraya que el desembolso medio de casi 4.000 euros mensuales resulta “absolutamente desproporcionado”, descartando que pudiera corresponder a pagos consentidos por servicios personales.

El tribunal concluye que la acusada utilizó de forma ilícita los datos bancarios de un tercero para su propio beneficio, lo que constituye un delito de estafa agravada al superar los 50.000 euros defraudados. No obstante, la pena ha sido inferior a la solicitada inicialmente por la Fiscalía al considerar que existía un único perjudicado y que los importes de cada pedido, de forma individual, eran reducidos.

Además de la pena de prisión, la mujer ha sido condenada a una multa de ocho meses, con una cuota diaria de 12 euros, así como a restituir íntegramente la cantidad defraudada en concepto de responsabilidad civil. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación.