Detectan personas viviendo en condiciones infrahumanas en instalaciones del río en Lorca

El Ayuntamiento de Lorca da 10 días a la Confederación del Segura para actuar ante la presencia de personas viviendo en condiciones insalubres en Marchena

El Ayuntamiento de Lorca ha dado un plazo de 10 días al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Segura para que actúen ante la presencia de personas viviendo en condiciones insalubres en unas instalaciones hidráulicas situadas en la diputación de Marchena. En caso de que no se adopten medidas, el Consistorio ha advertido que intervendrá de forma subsidiaria y a costa de los organismos responsables, con unos trabajos valorados en unos 6.000 euros.

Así lo ha anunciado la concejal de Control del Padrón, Belén Pérez, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha acordado por unanimidad ordenar a estos organismos que reviertan la situación detectada en las inmediaciones del camino Hondo, en el cauce del río Guadalentín.

La actuación municipal se produce después de que funcionarios del Órgano de Control del Padrón detectaran la presencia de personas habitando varias edificaciones en condiciones infrahumanas, tras recibir avisos ciudadanos a finales del pasado año.

Según el informe técnico municipal, en esta zona existen seis pequeñas construcciones que originalmente servían para albergar los mecanismos de apertura de compuertas y control del agua de riego, pero que actualmente se encuentran fuera de servicio y están siendo ocupadas como viviendas pese a carecer de las condiciones mínimas de habitabilidad. Al parecer, esta situación se estaría produciendo desde el año 2021.

Además, el entorno del cauce presenta una importante acumulación de basura y escombros, fruto tanto de la presencia continuada de personas como del deterioro de las propias edificaciones, lo que genera problemas de insalubridad que pueden afectar a la salud de quienes se encuentran en la zona y al propio entorno ambiental.

Aviso previo sin respuesta

El Ayuntamiento ya había puesto en conocimiento de la situación a la Confederación Hidrográfica del Segura mediante un oficio remitido el pasado 27 de noviembre. Ante la falta de actuación, el Consistorio inició el 6 de febrero un procedimiento de orden de ejecución, concediendo un plazo de diez días para que los organismos responsables presentaran alegaciones o actuaran.

Tras finalizar ese plazo sin que se presentara ningún escrito ni se adoptaran medidas, la Junta de Gobierno Local ha decidido ordenar formalmente al Ministerio y a la Confederación que intervengan para revertir la situación.

Belén Pérez ha insistido en que el objetivo del Ayuntamiento es garantizar la dignidad y la salud de las personas, evitando que continúen viviendo en condiciones que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad.

“Vamos a dar los pasos que haya que dar para salvaguardar la dignidad y salud de las personas. Hay situaciones que hoy día no se pueden permitir”, ha señalado la edil.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Desde el Consistorio también han querido agradecer la colaboración de los vecinos, que fueron quienes alertaron inicialmente de esta situación. En este sentido, han recordado que los ciudadanos pueden comunicar conductas sospechosas a través del número de WhatsApp municipal 608 87 72 04.

La concejal ha destacado además la coordinación entre los distintos servicios municipales para actuar con rapidez y restablecer la legalidad, al tiempo que ha recordado la petición del Ayuntamiento al Gobierno de España para que el empadronamiento fraudulento sea tipificado específicamente como delito, con sanciones económicas y penas proporcionales para quienes se lucren con estas prácticas.