El PP de la Región de Murcia carga contra el “doble registro” estatal de viviendas turísticas y alerta de inseguridad jurídica

La diputada regional del Partido Popular en la Asamblea Regional, María Ángeles Román, ha mostrado el rechazo frontal del PPRM al denominado Registro único de alquileres de corta duración impulsado por el Gobierno de España, al considerar que se trata de “un error político de origen” que genera duplicidades administrativas, inseguridad jurídica e invade competencias autonómicas.

Román ha asegurado que esta medida no responde a ninguna exigencia técnica ni a la normativa europea, sino que es fruto de una decisión unilateral del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este sentido, ha recordado que el Reglamento (UE) 2024/1028 no obliga a crear un doble sistema de inscripción, sino que apuesta por la cooperación entre administraciones y la interoperabilidad de los datos.

“El Gobierno ha hecho justo lo contrario: ha impuesto un segundo registro estatal cuando comunidades como la Región de Murcia ya cuentan con sistemas obligatorios y plenamente operativos”, ha subrayado.

Murcia, con un sistema propio y en funcionamiento

En el caso de la Región de Murcia, las viviendas de uso turístico están reguladas por el Decreto 256/2019 y controladas por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM). Solo en 2025 se han tramitado 2.904 expedientes de nuevos alojamientos turísticos, de los que 2.590 corresponden a Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Actualmente, la Región cuenta con 11.167 viviendas turísticas registradas, que suman 56.620 plazas, todas ellas sometidas a declaración responsable y control administrativo.

Pese a ello, la diputada popular ha denunciado que el Gobierno central ha ignorado las advertencias de las comunidades autónomas, varias de las cuales recurrieron el modelo ante el Tribunal Supremo por invasión competencial. Además, territorios turísticos como Ibiza alertaron formalmente del perjuicio que este sistema estaba generando a la oferta legal.

Revocaciones masivas y modelo cuestionado por Europa

Román ha advertido de que las revocaciones masivas de números de registro están afectando principalmente a viviendas plenamente legales, “convirtiendo artificialmente lo legal en presuntamente irregular”.

Asimismo, ha recordado que Europa ha sido clara: una misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento obligatorio de registro, y ha fijado el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para corregir un modelo incompatible con el Derecho de la Unión.

“Europa no cuestiona el control del alquiler turístico, cuestiona la duplicidad administrativa impuesta por España”, ha insistido.

Críticas del sector y defensa del modelo murciano

El rechazo, ha señalado Román, no es técnico, sino político, como han denunciado asociaciones del sector como Fevitur, que acusan al Gobierno de actuar sin consenso y de perjudicar a pequeños propietarios y operadores legales.

Frente a esta situación, la diputada ha puesto en valor el modelo de la Región de Murcia, basado en la mesa de seguimiento de viviendas de uso turístico, creada en 2023 y formada por el ITREM, organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, con el objetivo de detectar alojamientos no reglados y garantizar su regularización o retirada.

“El Gobierno de Sánchez utiliza al turismo como chivo expiatorio para ocultar el fracaso de su política estatal de vivienda, penalizando a pequeños ahorradores y poniendo en riesgo a la principal industria del país”, ha concluido Román.