Lorca
PP Lorca exige la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones generales por los escándalos del PSOE
El Grupo Popular manifiesta su respaldo expreso a jueces, tribunales, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y a todos los servidores públicos que actúan en defensa de la legalidad, de la separación de poderes y del Estado de derecho
Lorca, 26 de junio de 2026.- La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lorca y secretaria general del PP lorquino, Rosa Mª Medina, ha presentado una moción que el Grupo Municipal Popular elevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Lorca y por la que se exige la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y de todo su Gobierno por la pérdida de credibilidad democrática que supone mantener al frente del Ejecutivo a un Partido Socialista y a un presidente cercados por investigaciones y escándalos de extrema gravedad.
“Desde el Grupo Popular condenamos, y así se recoge en los acuerdos propuestos, la degradación institucional provocada por los numerosos escándalos, investigaciones y presuntos casos de corrupción vinculados al Partido Socialista y al entorno político del presidente del Gobierno”.
“España atraviesa una situación de degradación política e institucional cada vez más profunda como consecuencia de la acumulación de escándalos, investigaciones judiciales y causas penales que afectan al Partido Socialista y al entorno más próximo de Pedro Sánchez”, ha sumado Medina.
“En estos momentos, incluye ya 15 causas judiciales, 94 investigados y 19 tipos de delito que abarcan desde organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o revelación de secretos hasta estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando”.
En los últimos años, sin embargo, se ha ido consolidando desde el Gobierno de España y desde el Partido Socialista un discurso que pone bajo sospecha a los tribunales y a quienes instruyen o enjuician causas que afectan a su entorno político, llegando a hablar de “lawfare” o de “jueces prevaricadores”, ante investigaciones judiciales y decisiones que afectan a responsables socialistas, a altos cargos o a personas de su entorno, distintos miembros del Ejecutivo y dirigentes del PSOE.
En este punto, Rosa María Medina ha insistido en que “el respeto a la independencia judicial, a la labor de jueces y fiscales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la libre actuación de los medios de comunicación constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia avanzada y del correcto funcionamiento del Estado de derecho”.
“Es por ello, que manifestamos -de manera expresa- nuestro respaldo expreso a: jueces, tribunales, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y a todos los servidores públicos que actúan en defensa de la legalidad, de la separación de poderes y del Estado de derecho, y condena cualquier estrategia de desinformación, presión o descrédito institucional dirigida a socavar la confianza de los ciudadanos”.
A la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra se suman otros episodios de extraordinaria gravedad que han golpeado de lleno al PSOE y al sanchismo, con nombres como José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán o Leire Díez, responsables socialistas vinculados a investigaciones y escándalos que han erosionado gravemente la credibilidad del Gobierno y de las instituciones del Estado.
Junto a ello, las causas judiciales que afectan al entorno personal y político del presidente del Gobierno, incluida la situación de su esposa Begoña Gómez y de su hermano David Sánchez, han agravado una crisis de confianza pública sin precedentes recientes.
“Cuando un Gobierno pierde la autoridad moral necesaria para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la única salida compatible con la dignidad democrática es devolver la palabra a los españoles, de ahí que reclamemos la convocatoria urgente de elecciones generales, ara que la ciudadanía pueda decidir libremente en las urnas el futuro político de España y poner fin a una situación de deterioro institucional incompatible con la confianza que merecen nuestras instituciones”.




















