Hasta 10 años de cárcel solicitan para los acusados de un convenio urbanístico en Cieza del año 2004

El fiscal, en la causa del Procedimiento Abreviado 5/2012 dimanante de las Diligencias Previas número 1087/2007 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número 3 de Cieza, cuyo juicio oral se celebrará en la Audiencia Provincial, pide penas que suman diez años y tres meses de cárcel para Bartolomé Buendía, secretario municipal del Ayuntamiento de Cieza; Juan Buitrago, arquitecto municipal (en calidad de colaborar); y Renan Teresa, promotor, por un delito de falsedad en documento público. Para el fallecido, Antonio Tamayo, ex alcalde de Cieza, inimputable la fiscalía solicitaba una pena de tres años y seis meses.

De este modo, la fiscalía ha pedido cinco años de cárcel para Bartolomé Buendía, dos años para Renan Teresa y tres años y tres meses para Juan Buitrago. En el juicio oral, que comienza este miércoles, a partir de las 9.30 horas, en la Sala 7 de la Audiencia Provincial, los antes citados serán acusados de un delito de falsedad en documento público.

El origen de los hechos se remonta al 28 de mayo de 2004, cuando Renán Teresa Almenara, en representación de la mercantil Dalmata
Inversiones S.A., firmó un Convenio Marco o Bases de Convenio Urbanístico con el entonces alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, sin que constara informe técnico o jurídico alguno.

Un mes después se crea la mercantil Dignitas S.L., con un capital social de 12.000 euros, en la que vuelve a aparecer como administrador solidario Renan Teresa, a fin de subrogarse en el proyecto urbanístico firmado por Dálmata Inversiones S.A.

Dignitas encargó a la consultora Urbanitas (Proyectos de Gestión y Desarrollos Urbanísticos), un estudio de lo que habría de ser la urbanización Golf Benís, elaborando los documentos técnicos necesarios.

Y el 24 de noviembre de 2004 la concejal de Urbanismo de Cieza, Concepción Marín Blázquez, propuso al Pleno de la Corporación la
aprobación de un convenio urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento y la citada mercantil.

En síntesis, ese convenio planteaba la clasificación y delimitación como suelo urbano sectorizado, con uso característico residencial de un total de casi 270 hectáreas en el paraje ‘Benís’, para la construcción de un complejo Turístico-Residencial con Campo de Golf de 18 hoyos, además de 5.287 viviendas y un hotel con 340 habitaciones.

La delimitación de ese terreno comprendía unas ‘lengüetas’ de terrenos propiedad de Maria Fernanda Caballero, hermana de la concejal de Urbanismo Concepción Marín Blázquez.

Esa aprobación contó con un borrador o propuesta de convenio, un informe jurídico municipal y un informe técnico de planteamiento del arquitecto y ahora acusado Juan Buitrago, ambos favorables. Contó además con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de 22 de noviembre de 2004, formada por los seis miembros del equipo de Gobierno y un estudio urbanístico.

Tras su aprobación por la mayoría del Pleno, el convenio de Benís fue suscrito el en noviembre de 2005 y publicado en el BORM el 25 de abril de ese mismo año, comenzando el trámite de consulta pública. Sin embargo, desde principios de 2005 a finales de octubre de 2005, los concejales de la oposición, del PSOE e IU, tuvieron noticias oficiosas que apuntaban que, en ese convenio, estaban incluidas varias fincas de un familiar directo de la concejal de urbanismo, concretamente su hermana.

A la vista de las indagaciones de la oposición sobre el convenio de Benís, que incluía terrenos de la hermana de la Concejal de Urbanismo, y con el fin de evitar el escándalo mediático y tratar de desmentir a la oposición, los acusados, extrajeron del expediente de convenio sometido a consulta pública el plano de Situación y Emplazamiento de Golf Benís, que se adjuntó al expediente del convenio como anexo 1, mostrando un
expediente de forma sesgada, expedientes que eran controlados tanto por el Secretario Municipal como por el Arquitecto Municipal.

Asimismo, en fecha no determinada entre el 2 y el 9 de diciembre de 2005, y a sabiendas que en los informes técnicos municipales se hacia referencia a la totalidad de los terrenos incluidos, el ya fallecido Antonio Tamayo, junto a los acusados, Bartolomé Buendía y Renán Teresa, se concertaron ilícitamente para firmar el supuesto plano mendaz en el que desaparecían intencionadamente esos terrenos.

Tras varios intentos y requerimientos, por parte de la oposición, de tener acceso a los planos totales de los terrenos previstos por el convenio, el 9-1-2006, a la vista del plano mendaz mostrado el 9 de diciembre de 2005, Manuel Martínez (IU) dio una rueda de prensa afirmando la existencia de terrenos en el convenio Benís de un familiar de la Concejala de Urbanismo y el cambio de planos.

La denuncia, acompañada de voluminosa documentación, fue presentada finalmente el 6 de marzo de 2006 por el coordinador de IU-Cieza, José María Rodríguez, y el responsable de Ordenación del Territorio, Manuel Martínez, y en ella se acusa de «haber cambiado los planos de los terrenos afectados por este convenio que figuraban en el expediente municipal para ocultar que incluía varias fincas propiedad de una hermana de la concejal de Urbanismo».

Por todo ello, la Fiscalía defiende que los hechos son constitutivos de delito de falsedad en documento público del art. 390.1 y 2 del CP, y que sus responsables, en concepto de autores, los acusados menos el arquitecto municipal, Juan Buitrago, que lo es en concepto de cooperador necesario. Al promotor Renán Teresa le es de aplicación el art. 65.3 CP con la rebaja en un grado.

PENAS

Aunque el ex alcalde Antonio Tamayo es ya inimputable, debido a que falleció en 2021, el fiscal pedía para el tres años y seis meses de
prisión, 15 meses multa a razón de 25 euros de cuota diaria, y cinco años de inhabilitación especial de sufragio pasivo y activo, así como la
incapacidad para obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico
y estatal que comporte la asunción de competencias de decisión o gestión en los ámbitos medioambiental y urbanístico.

Para el secretario Bartolomé Buendía pide cinco años de prisión, 18 meses multa a razón de 25 euros de cuota diaria, y seis años de inhabilitación especial, de 13 empleo o cargo público, con incapacidad de obtener un nombramiento para cargo análogo durante el tiempo de la condena.

Poe otro lado, al promotor Renán Teresa, le piden dos años de prisión, cinco meses multa a razón de 300 euros de cuota diaria, y un año inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, oficio, industria o comercio, con relación a la actividad que desarrolla este acusado como administrador o apoderado de un sociedad mercantil.

Finalmente, para el arquitecto municipal, Juan Buitrago, se piden tres años y tres meses de prisión, 15 meses multa a razón de 20 euros de cuota diaria, y cuatro años de suspensión de empleo o cargo público con incapacidad de obtener un nombramiento para cargo análogo durante el tiempo de la condena.